Discurso de Antonio Abril en la Cumbre de CEOE

Discurso de Antonio Abril en la Cumbre de CEOE

  • Miércoles, 29/07/2020 - 14:27

Buenos días, muchísimas gracias a la CEOE por esta oportunidad que se le da a la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), de participar en esta cumbre empresarial sobre un tema que nosotros definimos como la gran asignatura pendiente de la sociedad y de la economía española: la educación y la formación y su conexión con el sector productivo.

Efectivamente, como acaba de mencionar el presidente de la CEOE, el día 26 de septiembre de 2018 comparecimos en el Congreso de los Diputados la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), la Cámara de Comercio de España, los empresarios (CEOE y CEPYME), los sindicatos (CSIF,UGT CCOO), los estudiantes universitarios (CREUP)… es decir, toda la sociedad española, en un acto que yo considero que constituye un hito histórico en la trayectoria de la universidad en la democracia española, para pedir a las instancias políticas parlamentarias que situaran a la universidad española como una prioridad estratégica de su acción y que promuevan una nueva Ley Orgánica Universitaria que cuente con un amplio consenso político y social plasmado en un gran Pacto de Estado.

Lamentablemente, la reacción de la clase política se puede resumir en dos palabras unidas por un solo adjetivo: nula autocrítica, nula respuesta.

Yo creo que en España no somos suficientemente conscientes de que el talento formado de nuestras personas es el verdadero motor del desarrollo económico y social y, por lo tanto, la garantía de nuestro bienestar social. En la formación de ese talento, las universidades, sobre todo las universidades públicas, son protagonistas necesarios e insustituibles. Las empresas no son otra cosa que lo que hace de ellas el talento agregado y ordenado de sus personas y la suma de esos talentos y de esas empresas es la competitividad de la economía de un país, que insisto, es nuestro bienestar social. En España tenemos indudablemente el talento de las personas y tenemos universidades muy meritorias que han aprendido a hacer más con menos en situaciones muy desfavorables. Pero hay que decir ya desde ahora que la falta de reformas estructurales, especialmente en el ámbito de la gestión y del gobierno de las universidades y su insuficiente financiación, llevan años lastrando su excelencia y su capacidad para hacer frente a los retos de este mundo global, competitivo, extraordinariamente cambiante y tecnológicamente disruptivo que nos ha tocado vivir.

España no apuesta por la educación y las cifras y datos lo demuestran: somos el sexto país europeo, pero por la cola, en gasto público educativo en porcentaje de PIB, somos el noveno país, también por la cola, en gasto público universitario entre los 34 países de la OCDE que proporcionan este dato. Todo esto diseña un entorno de empleo joven y universitario realmente desolador. Somos el primer país europeo en tasa de abandono educativo temprano, el segundo país europeo en tasa de desempleo joven, con 19 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea, el segundo país europeo en porcentaje de paro de egresados universitarios, 9% que llega el 13% en algunas áreas de conocimiento como Artes y Humanidades frente a un 4,2% de media europea, más que doblamos la media europea. Primer país europeo en porcentaje de infraempleo o sobrecualificación, 37%. Si sumamos paro e infraempleo, resulta que casi la mitad de los casi 200.000 egresados universitarios que volcamos al mercado cada año, o están en paro u ocupan un puesto de trabajo que no requiere cualificación universitaria, y por consiguiente, tienen un más que 2 justificado grado de frustración y descontento con una sociedad que les exige un esfuerzo y no es capaz de darles una ocupación adecuada a su mérito. ¿Qué futuro puede esperar un país ante esta situación?, Además, este exceso de mano de obra cualificada, parada o en situación de infraempleo, convive con una aparente paradoja: la queja permanente de las empresas de que no encuentran los perfiles profesionales adecuados a sus necesidades, y no es extraño cuando, por ejemplo, vemos que España ocupa la 15º posición en la Unión Europea en egresados universitarios en las áreas STEM, es decir, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, solo un 22% frente, por ejemplo, al 36% de Alemania, cuando estas áreas son en principio, y todos lo prevemos así, las que van a generar mejor y mayor empleabilidad en un futuro próximo.

Ante este panorama universitario del empleo, ¿qué ofrece el sector productivo? La realidad es que lo tenemos, como bien sabemos en la CEOE, constituido inmensamente por microempresas: 95% tienen 10 o menos trabajadores, 83% 3 o menos de 3, solo un 0,8% de medianas o grandes empresas, sociedades muy centradas en el sector servicios, poco intensivas en la sociedad de conocimiento y en la utilización de nuevas tecnologías y no vocacionalmente innovadoras. Consecuentemente, tienen poca capacidad para crear empleos de alta cualificación. Somos un país muy generoso en la producción de egresados universitarios, mejoramos en 5 puntos las tasas medias europeas, y somos el quinto país europeo, de nuevo por la cola, en la generación de empleos de alta cualificación. Tormenta perfecta para la situación de paro y emigración del talento que vivimos, y esto en la situación preCOVID-19, ¿qué va a pasar a partir de ahora?

Esta difícil relación entre universidad y empresa convive además con un problema cultural histórico y es el excesivo alejamiento, las excesivas distancias, que han existido entre universidad y empresa, que por demasiado tiempo han funcionado, salvo excepciones, como dos vías de tren siempre en paralelo, cuando en realidad tienen objetivos absolutamente convergentes: la competitividad de la economía que, insisto, es lo que garantiza nuestro bienestar social.

En este contexto, tratamos de actuar los Consejos Sociales de las universidades españolas, que somos los representantes de la sociedad en la universidad, pero aún así y a diferencia de lo que ocurre en países europeos con órganos comparables, no somos órganos de gobierno de la universidad española, solo somos órganos de control económico y presupuestario y del rendimiento de sus servicios y ello aún con un claro desfase entre competencias teóricas y capacidades reales. Hay que decir, muy alto y claro, porque hay que corregir con urgencia esta situación, que España es el país del mundo, entre todos los comparables a nivel de universidades, en el que la sociedad tiene el menor grado de compromiso y de participación en el gobierno, la gestión y la rendición de cuentas de sus universidades públicas que, sin embargo, financia muy mayoritariamente con sus impuestos.

La CCS quiere corregir esta situación y, para ello, ha definido cinco objetivos estratégicos:  

El primero es sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia de la educación en general y de la universidad en particular. Insistimos en que España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en educación.

El segundo objetivo es la reforma estructural de la gobernanza universitaria. El actual sistema viene de la Ley de Reforma Universitaria del año 1983 y ni funciona ni puede funcionar en la actualidad. El sistema de autogobierno y elección del rector por votación corporativa de la propia comunidad universitaria (por tanto no democrática, porque no cumple requisitos de sufragio activo y pasivo propios de una elección democrática), conlleva un inevitable conflicto de intereses entre los de los electores y los intereses del servicio público de educación superior. Además, se ha generado una gestión universitaria donde falta autonomía operativa, falta poder ejecutivo en el rector para poder gestionar el inmenso talento que atesoran las universidades; hay una excesiva endogamia, más del 80% de los profesores universitarios españoles enseñan o investigan en la universidad donde han obtenido su tesis doctoral; hay una escasa profesionalización de la gestión y se practica una política de café para todos, absolutamente contraria a lo que tiene que ser la gestión de la ciencia y de la investigación con arreglo a criterios de mérito y competitividad. Tenemos que ir hacia modelos europeos, con boards con significativa representación de la sociedad, con un presidente de la parte social y un rector designado por sus méritos, que además pueda provenir de cualquier universidad y no necesariamente de aquella en la que investiga o enseña, y dotado de la suficiente capacidad ejecutiva para sacar partido al talento y hacerlo rentable.

El tercer objetivo es mejorar la financiación pública y privada, evidentemente la universidad española adolece desde tiempos históricos de la necesaria capacidad financiera para gestionar su excelencia.

El cuarto objetivo es mejorar la transferencia de resultados. Tenemos una universidad que investiga mucho y bien, mucho más, porcentualmente, que sus comparables europeas, frente a un tejido productivo que investiga comparativamente menos. Pero esa investigación ha estado demasiado orientada hacia la publicación y no tanto hacia la transferencia al sector productivo y su consiguiente conversión en desarrollo económico y social y creación de puestos de trabajo. Por eso hacemos el 3,3% de la publicación científica mundial y de ella el 60% o 70% se debe a las universidades. Hay que incentivar la colaboración público-privada y, en concreto, la conexión universidad-empresa y, por ello, aplaudimos la regulación, en noviembre del año 2018 -nunca es tarde si la dicha es buena- de los sexenios de transferencia, que van a valorizar en la carrera curricular académica los méritos de transferencia al sector productivo.

El quinto objetivo es lograr una mayor internacionalización. No puede ser que la universidad española sea la menos internacionalizada de Europa, a pesar de tener ese formidable factor competitivo que es el segundo idioma más hablado de la civilización occidental.

En fin, insisto en lo que siempre le pedimos a los políticos, tres virtudes que hasta ahora no han ejercitado en relación con la universidad, la primera: valentía, porque la reforma de la universidad nunca ha sido fácil, y nunca lo será, pero hay que hacerla porque es necesaria, la segunda: generosidad, porque la inversión en educación y universidades siempre es a medio 4 y largo plazo y siempre más allá de las próximas elecciones, y la tercera: grandeza de miras, porque, hay que insistir en que España será, en el futuro, el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en educación y en sus universidades.

En el año 2017, y con esto termino ya, la CEOE publicó un magnífico trabajo titulado: “La educación importa, el libro blanco de los empresarios españolessobre la educación”. Contiene una serie de propuestas, la octava dice literalmente lo siguiente: “intensificar los vínculos recíprocos entre educación y empresa y el protagonismo del empresariado en la gobernanza ejecutiva de la formación para el ejercicio de una profesión. La recomendación del Foro Económico Mundial, formulada en el sentido de que las compañías no pueden ser por más tiempo meros consumidores pasivos de un capital humano precocinado, refleja muy bien un estado de opinión ampliamente compartido por los analistas y por los líderes de las propias compañías”. Las empresas tenemos que hacer examen de conciencia y reconocer que hemos pecado de omisión y falta de compromiso, como en general la sociedad española, con la modernización y la excelencia de nuestras universidades públicas. Cambiar esta actitud es absolutamente necesario para que España supere la crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo y nuestra sociedad tenga en el futuro el bienestar social que se merece. Muchas gracias.