El pasado lunes 8 de junio se celebró el pleno del Consejo de Universidades en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, bajo la presidencia de la ministra, Diana Morant. La jornada contó con la participación de representantes del Ministerio, de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE),  del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE),  de las universidades españolas, y por parte de la CCS acudieron la presidenta, Ángela Santianes y el secretario general, Miguel Ángel Acosta.

La sesión estuvo marcada por la presentación de cinco proyectos normativos de especial relevancia para el sistema universitario: El nuevo régimen de homologación y reconocimiento de títulos extranjeros, el decreto de especialidades y ámbitos de conocimiento, la acreditación del profesorado permanente laboral, el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario y el nuevo Estatuto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Además, se reclamó una financiación suficiente, estable y previsible para garantizar la sostenibilidad del sistema universitario público.

Entre los proyectos presentados destacan la acreditación del profesorado permanente laboral por parte de ANECA, buscando  establecer un modelo de acreditación basado en los principios de mérito, capacidad y experiencia docente e investigadora, en coherencia con el sistema de acreditación existente para los cuerpos docentes universitario. El segundo proyecto sustituye el estatuto vigente desde 2002, adaptando la universidad a la LOSU, reforzar su capacidad organizativa y modernizar su funcionamiento institucional. También presentaron como nuevo proyecto, la sustitución las tradicionales áreas de conocimiento, vigentes desde la Ley de Reforma Universitaria de 1983, por un nuevo sistema de especialidades de conocimiento y ámbitos de conocimiento.

Se llevará acabo el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que responde a la necesidad de actualizar una norma aprobada hace quince años, en un contexto universitario muy diferente al actual, destacando novedades como el reconocimiento expreso de derechos vinculados a la discapacidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo, la incorporación de medidas relacionadas con la salud mental y la atención psicológica, el reconocimiento del derecho a la conciliación entre estudios y actividad laboral, la obligación de disponer de protocolos frente al acoso, la violencia sexual y la prevención del suicidio o la adaptación del marco normativo a una realidad estudiantil más diversa y heterogénea.

El quinto proyecto de real decreto presentado aborda el reconocimiento y la homologación de titulaciones universitarias obtenidas en sistemas universitarios extranjeros.

Durante la reunión se abordaron cuestiones estratégicas relacionadas con la financiación universitaria, el desarrollo de la LOSU, el sexenio de transferencia, la formación dual universitaria, los visados de estudiantes extranjeros y la cooperación universitaria con África. Morant vinculó el éxito económico reciente de España al papel desempeñado por el sistema universitario y científico, señalando que el país lidera actualmente el crecimiento económico entre las principales economías europeas y presenta cifras récord de empleo, incluyendo un notable incremento del empleo científico y tecnológico.

Por otro lado, el nuevo presidente de la CRUE, Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha insistió en la existencia de una infrafinanciación estructural del sistema universitario público español y advirtió de que la universidad pública sigue siendo el principal ascensor social del país, pese a operar en un contexto de recursos insuficientes. Se marcaron como prioridades el desarrollo completo de la LOSU y de la Ley de la Ciencia, la mejora de las condiciones laborales del personal docente e investigador, el fortalecimiento del sistema de becas, la puesta en marcha de un plan estatal de alojamiento universitario y el refuerzo de la investigación, la transferencia de conocimiento y la atracción de talento.

Temas normativos

En el pleno se plantearon cuestiones como el cumplimiento del artículo 55 de la LOSU, relativo al objetivo de alcanzar una financiación pública equivalente al 1% del PIB, abordado por el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García. La ministra respondió que, a su juicio, la LOSU expresa una voluntad clara de incrementar la financiación universitaria, aunque el texto legal no determina con precisión qué administración debe asumir el esfuerzo principal, defendiendo la necesidad de superar una visión exclusivamente basada en el porcentaje del PIB y avanzar hacia indicadores más concretos que permitan medir la suficiencia
financiera real de las universidades.

Además, se debatió acerca de la situación del sexenio de transferencia, donde la responsable del ministerio defendió que dicho asunto se encuentra muy avanzado, explicando que, únicamente permanecen pendientes algunos aspectos relacionados con su régimen económico y con la compatibilidad entre los sexenios de investigación y los futuros sexenios de transferencia.

Se abordaron otras cuestiones como los visados para los estudiantes extranjeros, la formación universitaria y la cooperación universitaria con África, con la intención de llamar la atención sobre la importancia estratégica de África para el futuro del sistema universitario español.

En la clausura del pleno se adoptaron una serie de acuerdos como la aprobación del acta de la sesión anterior, la toma de conocimiento de los cinco proyectos de reales decretos presentados, la apertura de un plazo adicional de quince días para la remisión de observaciones, la designación de Mercedes Rico y Silvia Lloveras como representantes universitarias en el Observatorio Estatal de Voluntariado y la designación del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, como representante del Consejo de Universidades en el Patronato de la FECYT.