La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ha sido una de las instituciones que ha participado de forma activa en el proyecto impulsado por la OCDE “Hoja de ruta para mejorar la cooperación entre universidades, investigación y empresa en España”. En él también han colaborado la Comisión Europea y los Ministerios de Ciencia e Innovación y Universidades, dentro del marco del Programa Europeo de Apoyo a las Reformas Estructurales. En concreto el objetivo es mejorar la colaboración entre las universidades, los organismos públicos de investigación y las empresas en España a través del análisis de la situación actual y el diseño de propuestas de actuación basadas en buenas prácticas tanto nacionales como internacionales.
El informe analiza de manera explícita el papel de los Consejos Sociales en el marco del actual sistema de gobierno universitario. Su labor como catalizador de la participación de la sociedad en la universidad se ve constreñido por las limitaciones en los recursos y capacidad real de toma de decisiones. Esto contrasta con las reformas impulsadas en otros países que otorgan a las universidades mayor autonomía real a la vez que establecen mecanismos que facilitan la participación activa de la sociedad en la universidad y una verdadera rendición de cuentas por el uso de recursos tanto públicos como privados. El trabajo apunta a que la solución para la mejora del marco de gobernanza podría estar basada en el fortalecimiento del papel y capacidades de los Consejos.
Durante la presentación del trabajo, el presidente de la CCS, Antonio Abril Abadín, ha destacado que, “un año y medio después del estallido de la pandemia COVID-19 y con la crisis sanitaria como evidencia aun latente entre nosotros, nadie discute la importancia y el protagonismo que tienen la ciencia la tecnología y la innovación en nuestro bienestar social y mucho menos las empresas”. En este ámbito, detecta dos problemas fundamentales:
- El tejido productivo español está constituido inmensamente por microempresas centradas en sectores tradicionales y muy poco intensivos en la sociedad del conocimiento y por tanto en ciencia, tecnología e innovación.
- Durante muchos años ha existido excesiva distancia entre la investigación pública y la empresa lo que ha dado lugar a una escasa cultura de cooperación y a la poca madurez de instituciones e instrumentos en el ecosistema de colaboración.
Prueba de ello es que, según datos de la encuesta sobre innovación en las empresas realizada por el INE para el periodo 2017-2019, “solo un 20,8 % de las empresas españolas fueron innovadoras y de acuerdo con el informe Cotec sobre la innovación 2021, del total de 3.200.000 empresas que aproximadamente hay en España, solo 11.096 realizan actividades de I+D en España y de ellas solo 1.090 son medianas o grandes. Pero es realmente relevante que cuando se pregunta a estas empresas innovadoras con quienes realizan cooperación en innovación, el resultado es que las firmas privadas fuera de su grupo son sus socios más valiosos, 64,26 %, seguidas de las empresas privadas de su mismo grupo 16,48%, y solo dicen cooperar con universidades y otros centros de enseñanza superior el 9,78 %”.
En esta línea insiste en que “la transferencia de resultados sector público-empresa sigue siendo una gran asignatura pendiente de la sociedad y de la economía española y para mejorarla hay varias vías, principalmente:
- Fortalecer el ecosistema de cooperación y transferencia: Centros tecnológicos, viveros de empresas, REDFUE, OTRIS… Sobre cada uno de ellos podríamos hablar mucho pero, en concreto, dado el porcentaje que representan las universidades en la investigación española, yo destacaría que es urgente la reforma de las OTRIS y la mayor formación y profesionalización, en conocimiento y gestión de la innovación y relación con las empresas, de los gestores universitarios de la transferencia.
- Mejorar la gobernanza del sistema público de investigación, y en especial el de las universidades, para que escuche y aprenda el lenguaje y las necesidades de las empresas y les dé participación, como reiteradamente viene pidiendo la ciencia y la empresa en España” (ver informe COSCE DECIDES sobre la estrategia española de CTI 2021-2027 y las alegaciones de la Fundación GADEA POR LA CIENCIA Y LA EMPRESA, así como las alegaciones de la Cámara de Comercio de España, de CEOE-CEPYME y de la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades españolas (CCS) al anteproyecto de nueva LOSU).
El presidente de la CCS también alude a los incentivos ligados a resultados en las universidades.
- Es evidente que, a nivel institucional, en la financiación de las universidades tiene que haber un componente estructural, que garantice el funcionamiento del sistema, y una financiación competitiva que prime la calidad y la obtención de resultados. En Galicia, por ejemplo, se han dado pasos importantes en esa dirección en el actual sistema de financiación y en el que se acaba de aprobar para el periodo 2022-2027.
- Al nivel de funcionamiento interno de las universidades, el tema de referencia es un aspecto concreto de un problema más grave y general: introducir en las universidades desregulación y autonomía operativa y capacidad para gestionar el inmenso talento que atesoran sus personas, siempre con la consiguiente transparencia y rendición de cuentas. Dicho en otras palabras, gestión meritocrática y competitiva del talento, más medios, recursos materiales y humanos, para el que tiene más méritos y consigue más resultados, como ya ocurre en el ámbito de la investigación pública, en instituciones como ICREA, IKERBASQUE, o en la Alianza SOMMA de Centros de Excelencia María de Maeztu y Severo Ochoa, pero no en las universidades. Y no va a existir mientras no se cambie el actual sistema de gobernanza universitaria, basado en la confusión entre autogestión y autonomía y un erróneo concepto de democracia universitaria, que viene de la LRU de 1983 y que es un gran obstáculo a la cooperación universidad-empresa y a la eficiencia y a la excelencia de nuestras universidades.
- Y hay que añadir que, lamentablemente para nuestras universidades y para nuestra Ciencia e Investigación, y consiguientemente para nuestro desarrollo económico y bienestar social, el actual anteproyecto de LOSU no va por la línea de mejorar la situación.
Para la CCS -que aglutina a los Consejos Sociales de las universidades públicas y a los consejos y patronatos de universidades privadas- facilitar la cooperación público-privada y la tercera misión universitaria -la transferencia de los resultados del conocimiento y de la investigación a la sociedad de conocimiento- constituyen dos de sus prioridades estratégicas y ambas deberían verse impulsadas por el nuevo marco legislativo que prepara el Gobierno junto a la reforma estructural del modelo de gobernanza universitaria, el incremento la financiación pública y privada de las universidades, la mejora la internacionalización de la institución y favorecer la empleabilidad de los estudiantes.