La reciente entrevista concedida por Antonio Abril, presidente de la CCS al programa El Espejo Canario ha servido para situar en el centro del debate público el papel de los Consejos Sociales, la gobernanza universitaria y el vínculo entre universidad y sociedad. En un contexto marcado por la aprobación de una nueva ley universitaria en Canarias y por el recurso de inconstitucionalidad presentado contra algunos de sus preceptos, Abril ofreció en este programa radiofónico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una profunda reflexión sobre el modelo universitario español y los retos estructurales que afronta.
Un consenso político poco habitual en el sistema universitario
Desde el inicio de la conversación, Antonio Abril quiso subrayar la relevancia del proceso desarrollado en Canarias, no solo por el contenido de la ley aprobada, sino por la forma en que se ha alcanzado. En sus palabras, el sistema universitario canario ha logrado algo poco frecuente en España en los últimos años: una norma universitaria fruto de un amplio consenso político y social.
El presidente de la CCS felicitó expresamente a los Consejos Sociales canarios y a las universidades públicas del archipiélago —la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna—, así como al conjunto de la sociedad canaria y a sus representantes políticos. A su juicio, este acuerdo transversal constituye un ejemplo de madurez institucional y una muestra de que es posible avanzar en reformas estructurales sin recurrir a la polarización.
Este “modo canario” de hacer política universitaria, basado en el diálogo y la búsqueda de acuerdos, fue señalado por Abril como una referencia deseable para otras comunidades autónomas, especialmente en un momento en el que la universidad pública necesita afrontar cambios profundos para adaptarse a las necesidades sociales, económicas y productivas del país.
Canarias, un referente histórico en el desarrollo de los Consejos Sociales
Durante la entrevista, Antonio Abril recordó que los Consejos Sociales de Canarias han sido históricamente los más desarrollados del conjunto del sistema universitario español. Según explicó, se trata de órganos a los que tradicionalmente se les ha reconocido un mayor número de competencias y capacidades para ejercer de forma efectiva su función como representantes de la sociedad en la universidad.
Esta singularidad no es menor. Para el presidente de la CCS, los Consejos Sociales desempeñan un papel esencial en la arquitectura universitaria: representan a la sociedad que financia mayoritariamente la universidad pública y garantizan que esta cumpla con su misión de servicio público. En este sentido, una ley que refuerza las competencias de estos órganos no supone una amenaza para la universidad, sino una oportunidad para avanzar hacia instituciones más transparentes, eficientes y alineadas con el interés general.
Autonomía universitaria y autogobierno: una confusión histórica
Uno de los ejes centrales de la intervención de Antonio Abril fue la distinción entre autonomía universitaria y autogobierno. A su juicio, buena parte de los problemas actuales del sistema universitario español tienen su origen en una confusión conceptual arrastrada desde la Ley de Reforma Universitaria de 1983.
Abril recordó que, tras décadas de universidad intervenida, el legislador democrático optó por un modelo que, en su opinión, fue más allá de lo necesario, identificando autonomía con autogobierno corporativo. Este enfoque dejó fuera de los órganos de decisión a la sociedad y relegó a los Consejos Sociales a un papel secundario, pese a que la propia ley reconocía expresamente que la universidad no es patrimonio exclusivo de la comunidad universitaria, sino un servicio público al servicio del interés general.
Para el presidente de la CCS, la autonomía universitaria debe entenderse como garantía de libertades fundamentales —libertad de cátedra, de investigación y de enseñanza—, pero no como un blindaje frente a la rendición de cuentas o la participación social en el gobierno de la institución.
El recurso de inconstitucionalidad y la reacción del sistema
En relación con el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley canaria, Antonio Abril expresó su sorpresa por el hecho de que haya sido promovido por el Defensor del Pueblo y no por otros actores legitimados, como el Gobierno o grupos parlamentarios. Desde el máximo respeto institucional, señaló que esta circunstancia proyecta una imagen de la universidad que, a su juicio, no se corresponde con la realidad ni con las necesidades del sistema.
Según explicó, muchas de las competencias cuestionadas en el recurso ya habían sido ejercidas históricamente por los Consejos Sociales y habían sido avaladas en su momento por el Tribunal Constitucional. Por ello, consideró difícil sostener que ahora puedan ser consideradas inconstitucionales.
En su análisis, la resistencia a la reforma responde, en gran medida, a una oposición al refuerzo de los Consejos Sociales y a su capacidad de supervisión económica, presupuestaria y de rendimiento institucional. Una resistencia que, en última instancia, refleja el temor a perder cuotas de poder en un sistema fuertemente marcado por el autogobierno interno.
Gobernanza universitaria y desconexión con la sociedad
Más allá del debate jurídico, Antonio Abril situó el foco en un problema de mayor calado: la distancia creciente entre la universidad pública y la sociedad. A su entender, el modelo de gobernanza vigente ha contribuido a que la universidad se repliegue sobre sí misma, debilitando su conexión con el tejido productivo, las empresas y las necesidades reales del entorno.
Esta desconexión tiene consecuencias tangibles. Entre ellas, destacó la escasa transferencia de resultados de investigación al mercado, la limitada internacionalización del sistema universitario español y la dificultad para generar fuentes alternativas de financiación. Un escenario que, paradójicamente, ha favorecido el crecimiento de las universidades privadas, más ágiles en su relación con la sociedad y el mundo empresarial.
Transferencia, empleabilidad e impacto social
Durante la entrevista, el presidente de la CCS subrayó que el éxito de una universidad no puede medirse únicamente por su producción científica. Si bien España destaca por la calidad y volumen de sus publicaciones, sigue presentando déficits significativos en transferencia de conocimiento, innovación aplicada y empleabilidad de los egresados.
En este punto, defendió la necesidad de revisar los sistemas de incentivos y evaluación académica, de modo que la transferencia de resultados y el impacto social tengan un reconocimiento real en la carrera universitaria. Solo así —afirmó— será posible aprovechar plenamente el potencial transformador de las universidades en el desarrollo económico y social del país.
Mirar a Europa para avanzar
Antonio Abril comparó el modelo español con los sistemas universitarios europeos y anglosajones, donde la presencia de órganos únicos de gobierno con participación social, la profesionalización de la gestión y la selección de rectores por méritos abiertos a candidatos internacionales son prácticas habituales.
En su opinión, la singularidad del modelo español —con un sistema de sufragio corporativo cerrado y una limitada participación externa— explica muchas de las debilidades actuales. Avanzar hacia una gobernanza más abierta y profesionalizada no implica renunciar a la autonomía académica, sino reforzar la capacidad de la universidad para cumplir su misión en un mundo globalizado.
Una universidad al servicio del talento y del país
La intervención de Antonio Abril concluyó con una reflexión de alcance estratégico: el verdadero motor del desarrollo económico y social de España es el talento de sus personas, y las universidades desempeñan un papel insustituible en su formación. Para ello, es imprescindible contar con universidades más excelentes, más abiertas a la sociedad y más comprometidas con la rendición de cuentas y la transferencia de conocimiento.
La experiencia de Canarias, señaló, demuestra que es posible avanzar en esta dirección mediante el consenso y el fortalecimiento de los Consejos Sociales. Un camino que, a su juicio, debería inspirar futuras reformas en el conjunto del sistema universitario español.
Con esta intervención, el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas volvió a poner de manifiesto la necesidad de un debate sereno y profundo sobre la gobernanza universitaria, un debate que sitúe a la sociedad en el centro y que entienda la universidad como lo que es: un servicio público esencial para el progreso del país.