El Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la reforma de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación tras su paso por el Senado.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado que “esta reforma otorga más garantías y derechos a la comunidad científica e innovadora de nuestro país e introduce importantes mejoras en el sistema español de I+D+I con el objetivo de que las personas tengan una vida digna en torno a la ciencia en nuestro país”.
El nuevo texto plantea una financiación pública de la I+D estable y creciente con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación.
Entre las medidas para mejorar la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+I, la reforma recoge una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+I. Esta contratación indefinida, cuya aplicación se adelantó a través de un Real Decreto Ley, recoge las singularidades del sistema de I+D+I y no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.
También, el texto recoge medidas para estimular la atracción de talento a España y la movilidad del personal de investigación, con facilidades para la contratación de personal extranjero y la posibilidad de la doble adscripción en nuestro país y fuera de él.
El compromiso de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) con la ciencia ya quedó reflejado en su adhesión al Pacto por la Ciencia e Innovación, al cual se sumaron más de 60 organizaciones y entidades, y cuyo objetivo es asegurar la financiación pública en línea con otros países de la Unión Europea, dotar de independencia y recursos a las agencias financiadoras de la I+D+I y consolidar una carrera investigadora y la incorporación de personal científico en las empresas.