El Parlamento de Canarias el día 9 de julio la nueva Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.
La norma surge de la necesidad de adaptar el texto existente de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de otorgar a los órganos de participación social con competencias de control y de definición estratégica de las universidades públicas.
Esta ley pionera garantiza una serie de herramientas que mejoran el papel de los consejos sociales, concediéndoles mayor capacidad de supervisión económica, estratégica y académica. Esta situación les permitirá controlar, no solo la calidad de las universidades, sino también parte del día a día de su funcionamiento.
La ley confiere a los consejos sociales competencias en materia académica, ya que podrán decidir qué titulaciones se implementan o eliminan, participación en políticas de becas, y actividades culturales y científicas. También deberán ser informados sobre la creación, modificación o supresión de facultades y escuelas, así como de departamentos, institutos de investigación o escuelas de doctorado, y será necesario el informe previo favorable del Consejo Social. Además, tendrán la capacidad de aprobar estudios económicos de viabilidad y de impacto social relativos a los planes de estudio. La función de los consejos sociales no es intervenir en la docencia ni en la investigación, sino garantizar la gestión de los recursos públicos.
De esta manera, la proposición de ley aumenta la supervisión de la actividad económica sobre las universidades públicas. Los consejos sociales tienen la posibilidad de proponer el cese del gerente de la universidad por causa motivada, para su consideración por el rector. Además se les confiere la potestad para establecer y aprobar los precios de las diferentes enseñanzas, el régimen retributivo del profesorado, del personal investigador y de gestión. A partir de ahora, los consejos sociales tendrán la capacidad de aprobar los planes de actuación de la unidad de control interno o intervención para garantizar la fiscalización interna y la promoción de la integridad institucional.
Los consejos sociales no solo cuentan con mayores competencias sino que también con más responsabilidades. La nueva norma incluye la aprobación por parte de estos órganos de planes trienales de actuaciones destinadas a promover las relaciones entre la universidad y la sociedad, sus antiguos alumnos, profesional, económico y social. Estos planes promoverán el desarrollo de actividades de formación mediante programas de patrocinio o mecenazgo y actuará como mediador para la puesta en marcha de enseñanzas universitarias con mención dual.
La ley ha generado preocupación por el liderazgo y la autonomía de las universidades públicas, pero esta nueva ley en ningún caso invade la autonomía universitaria, tal y como afirma Antonio Abril Abadín, nuestro presidente, en una entrevista recientemente publicada en el diario La Provincia: “lo que hay detrás de esta ley es un mayor compromiso, participación y responsabilidad de la sociedad con sus universidades, respetando expresamente la autonomía universitaria, y desarrollando el potencial de los consejos sociales. (…) Esta ley se va a convertir en un referente para todas las comunidades autónomas españolas a la hora de redactar sus correspondientes leyes de desarrollo de la LOSU»,
Cabe resaltar también los numerosos apoyos de expertos, asociaciones, políticos, y académicos que ha recibido esta nueva ley por las mejoras aportadas. Entre ellos destaca el artículo del Profesor Francisco Pomares de la Universidad de La Laguna: