La Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP) ha celebrado los días 14, 15 y 16 de octubre el IX Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público. La Conferencia ha sido entidad colaboradora. Bajo el título “La Administración Digital: Un reto para la gestión y la auditoría del sector público” diversos expertos abordaron la modernización de los servicios públicos en un momento en el que la coyuntura sanitaria ha modificado en muchos ámbitos la manera de relacionarse con la Administración.
Una de las sesiones analizó el modelo de control financiero en las Universidades y la transformación digital. En ella participó Miguel Ángel Acosta, secretario general de la CCS, junto a María Sauleda, interventora de la Universidad Pública de Navarra. Durante su intervención, el secretario general de la Conferencia expuso el modelo de control financiero interno instaurado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a su dependencia, se trata de uno de los tres órganos de control interno que se adscriben al Consejo Social de la universidad por ley autonómica, si bien es una tendencia que crece, tal y como sucede a la vista de los acuerdos adoptados en el seno de las universidades de Salamanca y de León para la adscripción de sus respectivos órganos de control interno al Consejo Social. En referencia a su modelo de control, es uno de los pocos órganos en los que se ha instaurado un sistema de control financiero permanente.
Acosta incidió en que “para transformar digitalmente los procedimientos que siguen las unidades de control interno es necesario acometer la transformación digital de las universidades” y citó herramientas que se han ido incorporando en esta dirección, como la facturación electrónica, los registros y las sedes electrónicas, los procesos automatizados al servicio de la comunidad universitaria, y la contratación electrónica, entre otros.
Concluyó afirmando que “las universidades están condicionadas por su deficiente financiación, excesivamente dependiente además de las transferencias corrientes y de capital de las administraciones públicas. Es necesario que esas administraciones incentiven económicamente la puesta en marcha de herramientas tecnológicas en las universidades de su competencia y que fomenten la adopción de nuevas tecnologías con el fin de hacer posible su transformación digital. Esa metamorfosis digital conllevará que el modelo de control económico interno de las universidades avance también en su transformación”.
La colaboración en el congreso es fruto del convenio marco cuya firma se aprobó en la Asamblea General de junio. Tiene por objeto crear el ámbito necesario para el desarrollo de actividades conjuntas en áreas de interés común y se enmarca en la estrategia de la Conferencia de potenciar y promover la vinculación del control interno de cada universidad al Consejo Social.