Representantes del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) mantuvieron la pasada semana la primera reunión oficial con el nuevo ministro de Universidades, Manuel Castells. En el encuentro, celebrado por videoconferencia, participaron Antonio Abril, Concha Yoldi, Julio Lage, Javier Cepedano y Miguel Ángel Acosta. Por parte ministerial también estuvo el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.
Antonio Abril expuso al ministro las prioridades de la Conferencia y le informó del envío de un dosier con los principales documentos e informes que se han elaborado en los últimos tiempos. Además, como representantes de la sociedad en la universidad, defendió la legitimidad de los Consejos como “interlocutores institucionales activos” y ofreció el apoyo y el trabajo de la Conferencia para avanzar en las reformas que necesita la Educación Superior en España.
Manuel Castells aseguró que cuenta con la CCS y con los Consejos Sociales como actores activos de la universidad. Sobre el tema de la gobernanza universitaria, el ministro manifestó que conoce bien el modelo de las universidades estadounidenses, con órganos de administración (boards) con representación social, y que se siente “cómodo” con él, pero afirmó que el actual marco legal representa un obstáculo para implantarlo en España. Añadió que la prioridad del Ministerio es consultar a todos los interlocutores universitarios durante este año para, “teniendo en cuenta los límites constitucionales y políticos”, impulsar una reforma amplia que también incluya mejoras en el sistema de gobernanza actual. El objetivo es que cuente con el respaldo del conjunto de la sociedad y de los actores universitarios. En esta línea de trabajo, el ministro propuso la celebración de reuniones mensuales con la CCS para abordar “asuntos estratégicos” de la universidad.
Durante la reunión también se habló sobre la participación de la Conferencia en el Consejo de Universidades y en la Conferencia General de Política Universitaria, así como sobre la posibilidad de contar con una sede en Madrid que acoja a la CCS junto a otros actores universitarios. Además, se abordó la necesidad de mejorar la transferencia de resultados desde la universidad a la empresa, más urgente ahora ante la crisis económica que se avecina y la consiguiente dificultad de incrementar la financiación de la universidad vía transferencias desde el sector público. En la misma línea, se planteó la urgencia de un nuevo marco legal que potencie el mecenazgo.
Finalmente, se analizaron las propuestas de cambios en la normativa universitaria, en especial los borradores sobre el estatuto del PDI, sobre el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y las directrices para la elaboración y evaluación de títulos de grado y máster en enseñanza no presencial y semipresencial.