El Consejo Social de la ULPGC y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas inauguraron este jueves, en Gran Canaria, unas jornadas nacionales bajo el título los ‘Fondos Next Generation para la recuperación europea y el control antifraude para su recepción: una obligación para las Universidades públicas’, que se enmarcan dentro del programa de la XXX Universidad de Verano de Maspalomas.
El acto inaugural contó con las intervenciones de Ángel Tristán, presidente del Consejo Social de la ULPGC; Lluís Serra, rector de la ULPGC; Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas; Antonio Ortíz de Mendívil, consejero del Tribunal de Cuentas para la Fiscalización de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas; Pedro Pacheco Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y Manuel Ramírez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias.
Ángel Tristán, centró su intervención en el proyecto de la nueva ley que marcará el destino de las universidades españolas (LOSU) exponiendo las razones por las que la Conferencia de Consejos Sociales está en desacuerdo con su articulado y lamentando que el Ministerio de Universidades no haya recogido las recomendaciones del estudio encargado a la OCDE por el Gobierno de España, y que la CRUE (Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas) haya dado su apoyo al proyecto de ley.
Tristán Pimienta recordó que los consejos sociales fueron elementos clave de la primera ley de universidades de la democracia, que se articulaban como los encargados del control y supervisión de todas las actividades económicas y de eficiencia de los servicios. «La LOU los potenció, cumpliendo en realidad el proyecto inicial de la convergencia con Europa, de la que ya éramos parte desde 1986».
El presidente del Consejo Social de la ULPGC indicó que los consejos sociales han sido pioneros en la prevención y el control del fraude lo que implica a su vez ser pioneros en la ‘compliance’ o normas de buen gobierno corporativo, a pesar de todas las dificultades. «Por darles dos datos: el año pasado nuestro Servicio de Control Interno realizó unas quinientas actividades fiscalizadoras, adelantadas a las actuales exigencias de Bruselas para la gestión de los fondos Next Generation. Y en 2022, probablemente, se mantendrá el ritmo con tendencia al alza».
Por su parte, Lluís Serra, rector de la ULPGC, comenzó su intervención destacando la importancia de este curso, ya que «podremos aproximarnos a las tareas que deben llevar a cabo las unidades de control interno de las universidades y las instituciones de control externo de las comunidades autónomas para la prevención y detección del fraude».
Serra aseguró que estas jornadas serán un paso más en la profundización respecto a la rendición de cuentas en las universidades públicas, puesto que «se trata de un elemento esencial para recuperar y consolidar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y con ello reforzar nuestro propio sistema democrático».
El rector de la ULPGC puso también en valor el papel de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materia de detección y prevención del fraude y anunció que en el mes de junio firmó la resolución por la que entra en vigor el plan de medidas antifraude de la institución universitaria.
Por su parte, Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, se mostró muy crítico con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), recientemente aprobada por el Consejo de Ministros. «La LOSU es una oportunidad perdida, porque no aborda el tema de la transformación, de la gobernanza, de la gestión del gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas de las universidades».
Antonio Abril comentó que esta ley supera el hecho de que la universidad pública española tenga un sistema de gobernanza que es único en el mundo, y que es absolutamente anómalo y ha sido criticado por todos y cada uno de los informes que se han hecho. Además, echó en falta que el documento incluya el fortalecimiento de la competencia de los consejos sociales. «La OCDE, por mandato de Europa, presentó un informe el pasado 21 de noviembre que pone como principal asignatura lograr la transformación de la gobernanza y ese fortalecimiento», comentó Abril.
Continuando con la LOSU, Antonio Abril quiso llamar la atención sobre el artículo 47 que «incluye entre las competencias de los consejos sociales velar por el cumplimiento de los principios éticos y de la integridad académica, así como las directrices antifraude que deben guiar la función docente y la investigación». Además, dijo que los cuatro elementos clave para el buen gobierno de las universidades son la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes.
Por último, Abril Abadín destacó que, en su opinión, es una «gravísima responsabilidad por omisión, de la sociedad española que ha permitido que, en este siglo XXI, tremendamente competitivo, tecnológico y extraordinariamente cambiante, la universidad pública española tenga los defectos de gobernanza y de financiación que tenemos actualmente», así como la «gravísima responsabilidad por acción de quienes están impidiendo la modernización de la universidad española».
En su intervención, Luis Antonio Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, consejero del Tribunal de Cuentas para la fiscalización de las Comunidades Autónomas, así como de las entidades del sector público autonómico, dijo que «los fondos Next Generation son una oportunidad de modernización de los sistemas productivos de los países miembro y suponen un papel trascendental en la reactivación de la economía de la Unión Europea».
Por su parte, Pedro Pacheco González, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, enumeró todas las competencias y actividades que realizaba con las instituciones, la Comunidad Autónoma y los Consejos Sociales de las dos universidades canarias.
Para terminar, Manuel Ramírez Sánchez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias, manifestó que «el reto que tenemos por delante es hacer las cosas bien, porque son muchos los ojos que están pendientes de lo que vamos a hacer desde las instituciones públicas, sobre la gestión de los fondos. Tenemos que estar a la altura y ejecutarlos de la mejor manera posible».