El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas -que aglutina a estos órganos de todas las universidades públicas y a consejos y patronatos de universidades privadas-, en su reunión del 13 de marzo de 2023, ha aprobado por unanimidad hacer público el siguiente pronunciamiento sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU):
“Tal y como hemos venido insistiendo durante el trámite parlamentario, la nueva LOSU, al huir de toda reforma estructural de la universidad pública española, supone una oportunidad perdida para su necesaria modernización y nos mantiene alejados de los estándares de excelencia de otros sistemas universitarios europeos y del resto del mundo.
La LOSU desoye las peticiones de la Ciencia, de la Unión Europea, de la OCDE y de la empresa española y las recomendaciones de todos los informes que se han hecho en las últimas décadas, para implantar el buen gobierno de nuestra universidad, que actualmente no existe. Por el contrario, mantiene una gobernanza basada en la autogestión de quienes trabajan y estudian en ella, que es única en el mundo, condenando a España a seguir siendo el país, entre todos los comparables, donde menor participación y compromiso tiene la sociedad en la gobernanza de su universidad (que sin embargo es un servicio público financiado muy mayoritariamente con los impuestos de todos). Por lo tanto, al hacer depender las decisiones de los equilibrios de poder internos, no va a ser capaz de sustituir el excesivo corporativismo y endogamia actuales por la necesaria competitividad y meritocracia que son condiciones esenciales de una universidad excelente, y se va a seguir limitando la capacidad de la institución para sacar partido del talento de sus personas y ponerlo al servicio del desarrollo económico del país y de su bienestar social.
La LOSU no va a ser un instrumento normativo adecuado para dar solución a ninguno de los problemas endémicos que vienen limitando el funcionamiento interno y la excelencia internacional de nuestra academia. No es realista pensar que una sociedad, a la que se expulsa de la gobernanza de su universidad, la priorice después en sus decisiones de gasto público. Al insistir en que la elección del rector se siga haciendo por sufragio corporativo interno, y no por concurso de méritos -entre otros los de gestión- nos va a seguir manteniendo alejados de los modelos de éxito comparables y al ser la elección necesariamente interna (imposible que un académico extranjero o de otra universidad española pueda ser designado rector) no resulta creíble su pretensión de internacionalidad del sistema. Al no dar opciones de nuevos modelos de gobernanza y designación del rector, ni aunque las propias universidades en el ejercicio de su autonomía quisieran optar por ello, condena el sistema universitario público a una uniformización que lleva inevitablemente a la pérdida de calidad. Tampoco se va a conseguir la necesaria mejora de la autonomía operativa, imprescindible para la contratación y gestión de personal y la adaptación de la oferta de planes de estudio y titulaciones a las cambiantes demandas sociales.
La CCS lamenta que no se haya legislado con la valentía, generosidad y grandeza de miras necesarias, sin condicionantes ideológicos y corporativos, pensando en las próximas generaciones más allá de las próximas elecciones y con el fin de impulsar una auténtica modernización que nos ponga en sintonía con las transformaciones que se están produciendo en el ámbito de la educación superior en el mundo.
Pese a todo ello, desde los Consejos Sociales nos comprometemos a seguir trabajando para conseguir una universidad pública de excelencia y, a tal fin, brindamos nuestra colaboración a las Comunidades Autónomas para que, dentro del margen que establece la nueva ley, busquemos conjuntamente los mecanismos que permitan impulsar un efectivo ejercicio de las funciones que debe ejercer la sociedad en su universidad, y así aprovechar el enorme talento y conocimiento que atesora nuestra academia”.