El pasado 12 de mayo el secretario general de la CCS, Miguel Ángel Acosta, estuvo presente en la reunión mantenida entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los rectores de Universidades Españolas. El encuentro estuvo presidido por la ministra Diana Morant y se celebró en la facultad de Educación de la UNED, en Madrid.
Durante la sesión, Morant abordó la reforma del Real Decreto 640/2021 sobre creación, autorización y acreditación de universidades, como un paso clave para garantizar la calidad institucional en todo el sistema universitario. Algunas de las medidas que incluía el borrador del decreto eran: requisitos mínimos de estudiantes (4.500), titulaciones en tres ramas, estándares de calidad del profesorado, compromiso con la investigación y requerimientos de estructuras.
Tras las alegaciones presentadas durante el periodo de consulta pública se puede afirmar que algunas de las consideraciones de la CCS se han tomado en cuenta. Entre ellas destacan: el carácter vinculante de los informes de las agencias de calidad; la limitación de la docencia del profesorado público en universidades privadas; la introducción de la posibilidad de revocación de autorización; la revisión la propuesta inicial sobre universidades virtuales; el reconocimiento de la diversidad institucional; y la consideración de la ética e integridad académica.
Otro de los cambios consiste en la creación de una Comisión de evaluación específica en todas las agencias evaluadoras encargada de elaborar informes sobre las propuestas de nuevas universidades con el fin de garantizar la independencia.
La ministra señaló que no se trata de medidas para cerrar universidades, sino de evitar que se degrade el sistema y reivindicó el objetivo de destinar el 1% del PIB para universidades públicas.
Por su parte, el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, explicó que las universidades en proceso de creación tendrán un año para adaptar sus propuestas y las que ya estén funcionando contarán con hasta siete años para aplicar las medidas. Además, defendió que esta medida forma parte de una política transformadora, con vocación de sostenibilidad y comparabilidad europea.
Aunque no todas las propuestas planteadas han sido recogidas, como la revisión del umbral de 4.500 estudiantes, la definición de “modificación sustancial” de títulos o la situación de los centros de FP adscritos, el nuevo borrador muestra avances significativos en estas áreas y amplía el margen temporal para adaptarse a las nuevas medidas.