La CCS propone 13 recomendaciones para adaptar la propuesta de Real Decreto a un sistema universitario más flexible, riguroso y alineado con los desafíos actuales. Defiende un equilibrio entre calidad y libertad institucional, evitando rigideces normativas que limiten la innovación o la especialización. También aboga por reforzar el papel de las agencias de calidad, garantizar la igualdad entre universidades presenciales y virtuales, y asegurar una financiación adecuada. Estas medidas se presentarán al Ministerio en la reunión convocada para el viernes 11 de abril.
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ha valorado positivamente el esfuerzo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por actualizar el marco normativo que regula la creación y acreditación de las universidades privadas en España y, en el periodo de audiencia e información públicas, ha formulado 13 recomendaciones con el objetivo de que la nueva norma se adapte mejor a la realidad del sistema universitario y a sus desafíos futuros, y garantice una oferta educativa rigurosa, diversa y con compromiso social.
Estas propuestas buscan garantizar un equilibrio entre la calidad y la flexibilidad institucional, y evitar rigideces que limiten la innovación, la especialización o el crecimiento sostenible del sistema.
1. Equilibrio entre libertad de creación y exigencia institucional. La CCS defiende el derecho constitucional de creación de centros docentes y considera que los requisitos de calidad sean exigentes pero proporcionados, sin convertirse en barreras a la innovación o a la diversidad institucional.
2. Oportunidad de la reforma normativa en un contexto cambiante. La CCS apoya la reforma como respuesta necesaria a la transformación del sistema universitario, y valora que el borrador recoja avances en gobernanza y calidad.
3. Consenso sobre las funciones esenciales de la universidad. Toda universidad debe asumir de forma efectiva sus tres funciones: formación, investigación y transferencia. Reducir su papel solo a la docencia compromete su esencia.
4. Diversidad institucional y especialización: evitar rigideces normativas. La exigencia de ofrecer titulaciones en al menos tres ramas del conocimiento puede dificultar la creación de universidades especializadas, que son clave en el nuevo contexto formativo y profesional.
5. Evaluación de la calidad por encima de umbrales numéricos. La CCS rechaza que el número de estudiantes matriculados (mínimo de 4.500 alumnos) sea un criterio para mantener el estatus de universidad. Considera que debe primar la calidad educativa, medida por evaluaciones objetivas, periódicas y globales realizadas por agencias independientes.
6. Neutralidad en el tratamiento de universidades presenciales y virtuales. La Conferencia rechaza que las universidades virtuales deban pasar por un procedimiento distinto a las universidades presenciales que implique la aprobación de las Cortes Generales. Todos los centros deben evaluarse con criterios de calidad, con independencia de la modalidad de impartición.
7. Fortalecimiento y autonomía de las agencias de calidad. Se reclama dotar a estas agencias de más autonomía, recursos y reconocimiento internacional, para que puedan desempeñar su función con garantías y sin interferencias políticas o institucionales.
8. Financiación universitaria: una condición imprescindible. Se celebra la creación de una comisión para avanzar hacia el 1% del PIB en financiación pública universitaria, condición indispensable para que las universidades puedan asumir las nuevas exigencias del decreto.
9. Transparencia y buen gobierno institucional. La CCS subraya la importancia de que las universidades publiquen de forma clara sus resultados en docencia, investigación y transferencia, y cuenten con sistemas internos que prevengan posibles irregularidades, especialmente en la expedición de títulos. Esto aumentaría la confianza ciudadana en el sistema universitario y mejoraría su rendición de cuentas.
10. Compatibilidades del profesorado: necesidad de desarrollo normativo y aplicación efectiva. La CCS respalda la limitación de la docencia en universidades privadas por parte del profesorado público a tiempo completo, pero reclama una regulación más clara y mecanismos efectivos de control.
11. Sobre la interpretación del artículo relativo a la naturaleza de los centros universitarios. La redacción actual del decreto puede generar dudas sobre si las universidades pueden tener centros adscritos que impartan formación no oficial, como microcredenciales, formación continua o FP de grado superior. La CCS pide que se aclare que estas actividades, clave en el aprendizaje a lo largo de la vida y en la conexión con la sociedad.
12. Sobre la limitación anual de nuevas titulaciones y modificaciones: riesgo de rigidez y propuestas alternativas. El decreto propone que cada universidad solo pueda presentar cinco nuevas titulaciones por curso y cinco modificaciones. La CCS considera que este límite es poco realista, ya que no tiene en cuenta el tamaño, estrategia o madurez institucional de cada universidad. Como alternativas, propone una planificación plurianual coordinada, mayor autonomía para las universidades acreditadas o una redefinición clara de qué se considera una modificación sustancial.
13. Llamamiento a un debate sosegado y orientado al consenso. Finalmente, la CCS hace un llamamiento al diálogo constructivo y ofrece su colaboración para mejorar el sistema universitario, apostando por un modelo plural, de calidad y socialmente comprometido.
Con estas propuestas, la CCS pretende contribuir a una reforma normativa que fortalezca el sistema universitario español, lo haga más adaptativo y garantice que tanto universidades públicas como privadas cumplan con su función social en condiciones de excelencia y equidad.
Acceso al pronunciamiento oficial:
Pronunciamiento CCS oficial
