El secretario de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Acosta Rodríguez, participó la pasada semana en la quinta sesión del ciclo “La universidad pública ante los retos sociales”, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
El seminario, dirigido por José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades entre 2018-2024, analizó los principales frentes abiertos de la universidad pública y las posibles vías de respuesta, en un contexto marcado por debates sobre financiación, autonomía, gobernanza y competencia creciente. En esta quinta sesión participaron también Amparo Navarro Faure, rectora de la Universidad de Alicante, y Miguel Ángel Guardia López, gerente de la Universidad de Granada.
Durante su intervención, Miguel Ángel Acosta articuló su intervención en torno a cinco ideas centrales, vinculadas entre sí, y una conclusión general sobre el momento actual que vive el sistema universitario público.
Cinco ideas Clave
1) La limitación menos mencionada: la brecha universidad-sociedad
Acosta situó como idea de partida que el principal freno del sistema no es solo material, sino relacional: “la principal limitación de la universidad pública no es únicamente la financiación, la normativa o la competencia creciente, sino la distancia estructural entre la universidad y la sociedad, una brecha que condiciona todas las demás limitaciones.”
En su análisis, esta distancia se explica porque “la universidad pública española opera todavía con una lógica predominantemente interna”, mientras “la sociedad —más diversa, más informada y más exigente— se mueve con dinámicas externas basadas en resultados, expectativas de impacto y participación en la toma de decisiones públicas”.
2) Un riesgo decisivo: cuando la sociedad no participa, se desconecta
Acosta advirtió de un riesgo que, según señaló, “pocas veces se menciona (…) cuando la sociedad no participa en la toma de decisiones, se distancia. Y cuando se distancia, deja de prestar atención.”
Y añadió el efecto directo sobre la agenda pública: “los asuntos fundamentales para el mundo académico —la ciencia, la sostenibilidad del sistema, la carrera investigadora, la financiación estructural— pasan a un segundo plano en la agenda pública, eclipsados por otros debates que la sociedad siente como más próximos.”
3) Financiación: objetivo compartido, pero sin mecanismos reales y con bloqueo estructural
En el ámbito financiero, planteó que “la LOSU fija un objetivo compartido —no un mandato— para aumentar la financiación universitaria”, pero que ese objetivo queda limitado por dos factores: “las reglas fiscales que restringen el gasto de las comunidades autónomas” y “la propia LOSU, que impide que las familias contribuyan más a la financiación del sistema incluso cuando ese incremento podría compensarse mediante becas.”
Sobre la capacidad de generar ingresos, sostuvo que “la LOSU impide aumentar los precios públicos de matrícula y, por tanto, cerrar la brecha de financiación mediante aportación familiar compensada con becas», y resumió la situación como “un auténtico bloqueo estructural. No hay más recursos públicos porque la regla de gasto lo impide” y “no puede haber más recursos propios porque la LOSU lo prohíbe.”
El resultado, en sus palabras: “Se exige hacer más, hacerlo mejor y hacerlo más rápido… pero se limita la capacidad de obtener recursos adicionales por cualquier vía.”
4) Autonomía: reconocida en la ley, restringida en la práctica
Acosta defendió que la autonomía universitaria, aunque reconocida, no es plenamente ejercible: “la universidad pública española dispone de una autonomía ampliamente reconocida en la Constitución y en la LOSU, pero opera con una capacidad real muy limitada debido a un entramado normativo que la obliga a funcionar con la lógica de la Administración General.”
En esa línea, destacó que “la autonomía universitaria española existe en el plano jurídico, pero no en el operativo» y subrayó el desequilibrio institucional “la universidad pública responde por resultados, pero no controla las palancas necesarias para lograrlos.”
5) Competencia privada y falta de incentivos al impacto: un sistema que no premia lo que la sociedad valora
En relación con la expansión del sector privado, señaló una asimetría de fondo: “la universidad pública no pierde competitividad por falta de talento o calidad, sino porque compite en un marco profundamente asimétrico.”
Y, en paralelo, apuntó una limitación “todavía más profunda” ligada a los incentivos del sistema: “el sistema universitario no premia el impacto” y “se incentiva lo interno, no lo externo.”
En ese marco, afirmó: “la universidad sirve a la sociedad, pero el sistema evalúa aspectos que la sociedad no ve ni percibe como prioritarios.”
Conclusiones: misión clara, pero sin condiciones suficientes
Como cierre, Acosta defendió que el problema no es de propósito, sino de capacidad real para cumplirlo: “la universidad pública española no tiene un problema de misión: sabe perfectamente lo que debe hacer y lo que la sociedad espera de ella. Lo que no tiene son las condiciones adecuadas para cumplir plenamente esa misión.”
Y subrayó la idea central que conecta todo su diagnóstico: “La universidad es de la sociedad.” y, por tanto, “Mientras la sociedad no sitúe a la universidad entre sus prioridades, no habrá reformas fiscales, financieras o normativas que permitan sostener un sistema universitario de calidad.”
Más información: https://www.unir.net/actualidad/vida-academica/infrafinanciacion-y-brecha-social-la-universidad-publica-ante-sus-limitaciones-a-debate-en-unir/