A comienzos de febrero el Congreso aprobó modificaciones en la legislación laboral que afectan de manera directa a la profesión investigadora. La convalidación del Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, introduce, entre otras novedades, la desaparición de los contratos laborales por obra o servicio.
Ante esta situación, el Gobierno aprobó el 5 de abril un Real Decreto Ley en el que se introduce una modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas. Se trata de una aprobación de urgencia tras la eliminación de los contratos temporales por obra y servicio por la reciente reforma laboral y mientras la Ley de la Ciencia continúa su tramitación parlamentaria.
Además, hay que destacar la aprobación de la Ley de Convivencia Universitaria. Con esta decisión se culmina el proceso legislativo con el que se deroga el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se regía hasta ahora el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional, y que «permanecía vigente respecto del estudiantado, en clara contradicción con los principios democráticos de nuestra sociedad actual».