La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que entró en vigor el 12 de abril, tiene una serie de novedades en el ámbito de la gobernanza y de la carrera académica que afectan a la actividad de las universidades.
Según se ha explicado desde el Ministerio de Universidades, hasta que los nuevos Estatutos de cada centro entren en vigor, debe entenderse que los actuales pueden seguir aplicándose en todas aquellas cuestiones que no estén reguladas de forma directa y concreta por la LOSU o en aquellas que estén afectadas por alguna de sus disposiciones transitorias.
La LOSU otorga a las universidades públicas un plazo máximo de 2 años a partir del 12 de abril de 2023 para aprobar sus nuevos Estatutos y constituir el Claustro y el Consejo de Gobierno, de acuerdo con este nuevo modelo de gobernanza.
En este ámbito, en la ley se dispone que los Consejos Sociales deberán regularse por ley de la Comunidad Autónoma que debe tener en cuenta lo dispuesto en la LOSU en relación con la composición de este órgano y la elección de sus miembros (artículo 47).
En cuanto a la financiación, el Ministerio de Universidades “está realizando dos estudios; uno sobre el impacto económico que las universidades tienen en el territorio, y otro sobre la financiación actual del sistema, sus costes y previsiones de aumento en función de cada universidad y Comunidad Autónoma. Asimismo, se constituirá un grupo de trabajo en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria para el análisis de los datos y de los costes”.
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