El pasado 25 de mayo se celebró la segunda reunión de la legislatura entre el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Consejos Sociales (CCS). El Ministerio se comprometió en la primera a mantener, al menos, un encuentro al mes para abordar cuestiones de carácter estratégico en el ámbito de la Educación Superior. En esta ocasión participaron el ministro de Universidades, Manuel Castells, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, y el subdirector general de Atención al Estudiante y Relaciones Institucionales, Javier Molina. Por parte de la CCS intervinieron el presidente, Antonio Abril, los vicepresidentes, Concha Yoldi, y Julio Lage, el presidente de la Comisión Económica, Javier Cepedano, y el secretario general, Miguel Ángel Acosta.
La agenda de la reunión, realizada todavía en un contexto de gran incertidumbre motivada por la COVID-19 y sus repercusiones en economía y empleo, incluyó temas como la financiación universitaria (precios públicos, transferencias corrientes y de capital, del sector público, tercera misión universitaria y mecenazgo), la contabilidad analítica y la política de becas.
En materia de precios públicos se comentó la propuesta ministerial. Se reducen los precios públicos de la primera matricula de grado y fija un precio máximo no superior al del último curso en las demás matrículas y en los másteres. Con esta propuesta, el ministerio quiere limitar el nivel de precios de las matrículas tras el incremento que llevaron a cabo algunas comunidades a partir del curso académico 2011/2012, al tiempo que intenta converger las disparidades que existen en los diferentes sistemas universitarios de España. El ministro reconoció la necesidad de mejorar la financiación de las universidades públicas y reafirmó el compromiso del Gobierno para incrementar dicha financiación por la vía presupuestaria, así como incrementar el número de becas y reducir los umbrales académicos y económicos para beneficiar a un número mayor de estudiantes universitarios.
Por parte de la CCS, el presidente Antonio Abril trasladó al ministro la necesidad de que los planteamientos sobre financiación de las universidades sean globales y realistas, mirando el medio y largo plazo y buscando siempre la excelencia de la institución, más allá de la búsqueda de objetivos cortoplacistas y electoralistas.
La CCS insistió en la reunión sobre la importancia de que las universidades sean más eficientes en la gestión de los escasos recursos de los que disponen. Ello se vería muy favorecido por una mejora en su gobernanza y autonomía operativa.
Sobre el tema de la contabilidad analítica, la CCS recordó que es obligatoria en las universidades públicas desde el RDL 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y su implantación sería
importante para conocer los costes reales de los servicios universitarios, mejorar su gestión, facilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financieros y de eficiencia e impulsar de manera decisiva la mejora de su rendición de cuentas.
El ministro compartió la conveniencia de su implantación y añadió que existe un grupo de trabajo que aborda este asunto, pero ha visto interrumpido sus trabajos como consecuencia de la COVID-19. Es su intención retomar sus reuniones a partir de julio y se comprometió a contar con la CCS en sus trabajos.
Tanto el ministro como la CCS coincidieron en la necesidad de trabajar conjuntamente para mejorar otras fuentes alternativas de financiación de las universidades, concretamente la transferencia de resultados de la investigación universitaria a las empresas y el mecenazgo universitario.
Finalmente, Antonio Abril volvió a defender la legitimidad de los Consejos como “interlocutores institucionales activos en la universidad española” y ofreció el apoyo y el trabajo de la CCS para avanzar en las reformas que necesita la Educación Superior en España.
La primera reunión con el ministro de Universidades se celebró a finales de abril.