La reforma laboral se aprobó el pasado 3 de febrero y este real decreto afecta de lleno a la profesión investigadora. La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas (CCS) organizó un webinar el 8 de febrero para informar sobre el impacto de la misma en las Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs). Para abordar en detalle los cambios legislativos que introduce se contó con la presencia de José Luis Quintana Cortés, abogado experto en contratación pública y subvenciones, del despacho Rodríguez Castaño.
La convalidación del Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, introduce, entre otras novedades, la desaparición de los contratos laborales por obra o servicio. La norma permite seguir haciendo este tipo de contratos hasta marzo de este año con una duración máxima de seis meses. Los contratos temporales se limitan, a partir de ahora, al ámbito formativo y estructural -bajas de empleados o aumentos de producción-.
La reforma laboral afecta directamente a los investigadores. Y no se aporta, por el momento, una solución para la contratación de profesionales a cargo de proyectos de investigación.
Según los datos publicados, estos cambios ponen en riesgo el trabajo de 25.000 investigadores, al no incluir una alternativa de contratación que dé respuestas a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin estos investigadores hay un riesgo de colapso del Sistema de Investigación Nacional.
La CCS se muestra de acuerdo con eliminar la precariedad laboral y apostar por la estabilidad laboral, teniendo en cuenta el funcionamiento del Sistema de Investigación Español. De hecho, este tema se aborda en las consideraciones remitidas al Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la propuesta de reforma de la Ley de Ciencia. Desde la Conferencia se valora el enfoque general del anteproyecto, aunque se pone el foco en “la regulación de la posibilidad de que los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación celebren contratos de trabajo de duración determinada, siempre que dichos contratos se encuentren asociados a la estricta ejecución de proyectos de investigación y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos”.
Según José Luis Quintana Cortés, la situación ya era complicada en cuanto a la temporalidad en el ámbito universitario y de la ciencia, pero esta reforma laboral la complica aún más. Además, asegura que esta modificación está pensada y enfocada para el sector privado, no para el sector público, dado que no se tiene en cuenta la regulación particular con la que cuenta este sector en lo relativo a la gestión de sus propios recursos humanos.
Con esta reforma laboral lo que se pretende es eliminar uno de los principales problemas del mercado de trabajo de nuestro país, como es la temporalidad en el empleo. Esta situación de temporalidad aumenta en el ámbito público y, en concreto, en el sector universitario, ya que a finales de 2019 se calculaba que era un 10% superior a la del privado. “Se ha tratado de combatir esta temporalidad en el sector público, pero con normas enfocadas al sector privado, por lo que supone un grave problema” aseguró Quintana Cortés.
En el ámbito público, si se elimina el contrato por obra o servicio surge la dificultad de que no se podrán ejecutar contrataciones a tiempo indefinido porque estas entidades no van a poseer, en muchos de los casos, tasa de reposición suficiente, instrumento clave para la gestión de personal, para contratar a esos investigadores.
El problema está en la naturaleza primordial del contrato indefinido y en la limitación de la temporalidad de los contratos. Las únicas modalidades de contratación temporal permitidas son la contratación por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora. Y ninguna de ellas resuelve el problema que afecta a la profesión investigadora.
El ordenamiento no ofrece ninguna solución al respecto, por lo que, en opinión del experto, el legislador tendrá que adoptar alguna particularidad o regulación sectorial que dé cobertura a este vacío que deja la supresión del contrato por obra o servicio.
En la reforma laboral se admite una excepción, la contratación de un tiempo limitado cuando se trate de contratos que son financiados con fondos procedentes de la Unión Europea o Next Generation, pero si la ayuda procede de un Ministerio o una Comunidad Autónoma no se podrán llevar a cabo contratos por un tiempo delimitado.
Para Quintana Cortés la solución a este problema solo puede venir por la regulación de una modalidad contractual que dé cobertura a la situación de estos 25.000 investigadores. En esta línea, el abogado espera que en los próximos meses haya reformas legislativas al respecto. De hecho, señala, que en la Ley de la Ciencia hay ya varias propuestas en cuanto a la introducción de una regulación de estos contratos a tiempo determinado.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en un reciente Consejo de Universidades en el que se abordó este asunto se comprometió a buscar una solución durante la tramitación de esta nueva Ley.