El pasado 4 de noviembre, el Gobierno inició el proceso de aprobación del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, conocido popularmente como el Estatuto del Becario. Con él, se introducen importantes cambios en la regulación de las prácticas de estudiantes universitarios, como la reducción de horas extracurriculares y nuevas cargas administrativas y económicas para universidades y empresas colaboradoras.
El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), Antonio Abril Abadín, ha manifestado su preocupación por el texto, tal y como hizo la CCS en 2022 a través de un pronunciamiento institucional. Sus declaraciones, difundidas por la Agencia EFE, Europa Press, Colpisa, El Mundo, ABC, La Vanguardia y medios especializados como Éxito Educativo o Magisterio, así como en una amplia entrevista en Onda Madrid, han tenido una amplia repercusión en el debate sobre el futuro de las prácticas formativas en España.
Abril se ha mostrado crítico con el hecho de que el Estatuto haya sido impulsado exclusivamente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sin la participación de los ministerios más directamente implicados —Ciencia, Innovación y Universidades, y Educación, Formación Profesional y Deportes—. “Se ha hecho con consenso con las organizaciones sindicales, que tienen todo el derecho del mundo, pero no se nos ha escuchado a la parte académica”, lamentó.
El presidente ha advertido de que “no es lógico partir de una presunción de fraude y hacer, como dice el refrán, que paguen justos por pecadores”, señalando que esta norma se ha elaborado “desde una perspectiva laboral y con desconfianza hacia las universidades y las empresas”. A su juicio, “el resultado puede ser justo el contrario al deseado: reducir la oferta de prácticas y complicar la posición de los propios estudiantes”.
Según la CCS, el Estatuto podría limitar la oferta de prácticas extracurriculares a 480 horas por alumno, la mitad de lo permitido actualmente, lo que reduciría drásticamente las oportunidades de aprendizaje en entornos reales. Asimismo, se advierte de una sobrecarga de costes y trámites que podría disuadir especialmente a las pymes, principales oferentes de prácticas en España. “Las universidades no están en condiciones de asumir una mayor burocracia ni nuevos costes indirectos”, ha subrayado Abril.
Antonio Abril ha recordado que las prácticas son un espacio evaluable, tutelado y con objetivos formativos definidos: “Facilitan la empleabilidad, reducen el margen de error en la contratación y mejoran la conexión entre universidad y empresa”. Al mismo tiempo, se mostró tajante frente a los abusos: “Si existen situaciones de fraude, persigámoslas y sancionémoslas, pero no generalicemos ni penalicemos a todo el sistema”.
Finalmente, en la entrevista en Onda Madrid, Abril ha recordado que el nuevo Estatuto “supone un obstáculo para la relación público-privada entre universidad y empresa, ámbito que ha mejorado mucho en los últimos años gracias al trabajo conjunto de instituciones, consejos sociales y tejido productivo”, y reiterando la necesidad de consenso: “todas las normas sobre formación y sobre educación tienen un papel absolutamente esencial y hay que esforzarse para aprobarlas por consenso, porque la gestión del talento, la formación del talento, es el motor económico y social principal de un país como España. Como siempre digo, más talento, más calidad del sistema educativo y más cooperación entre universidades y empresas significa un país mejor a corto y a medio plazo”.
La Conferencia ha reiterado su disposición a seguir colaborando en la mejora del marco normativo de las prácticas externas, con el objetivo de reforzar su carácter formativo y tutelado, como ya lo hizo recientemente con su participación en el Libro Blanco de las Prácticas, promovido por la REDFUE en colaboración con la CRUE, la CEOE, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), y la Cámara de Comercio de España.
Abril recalcó las ventajas de las prácticas: “Facilitan la empleabilidad de personas en formación a través de las prácticas y reducen el margen de error de las empresas”. También se mostró tajante con la explotación laboral: “Si se producen situaciones de fraude, bueno, pues persigámoslas, accionémoslas, pero no generalicemos la situación.”
A modo de conclusión, Antonio Abril se mostró favorable a la idea de una regulación “que efectivamente proteja, que tenga el punto de mirar más en el incentivo hacia la contratación de personas en formación práctica que hacia la desconfianza y la presunción de fraude, y con ello se mejora la situación de lo que denominamos becarios».
Selección de noticias:
Entrevista a Antonio Abril, Onda Madrid, 6 noviembre de 2025 https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-1000-1100-06112025-9-2832106767–20251106112927.html
ABC
EL MUNDO
https://www.elmundo.es/economia/2025/11/04/6909e222fc6c83f0268b457b.html
La Vanguardia