-Los Consejos Sociales ofrecen su colaboración para mejorar el actual marco normativo y critican que en la elaboración del texto no haya participado la comunidad universitaria
El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ha aprobado un pronunciamiento contrario al acuerdo para poner en marcha el Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, conocido como «Estatuto del Becario”.
La Conferencia -que aglutina a los Consejos Sociales de todas las universidades públicas y a órganos de representación de las privadas- “rechaza el proceso de negociación seguido para la elaboración del Estatuto”, confinado a la Mesa de Diálogo Social y acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. “Carece de sentido”, afirma, “que una norma cuyo objeto es regular las prácticas académicas de las enseñanzas universitarias y de formación profesional no haya sido promovida por los ministerios más concernidos (Universidades y Educación y Formación Profesional) y haya dejado al margen de la negociación a las universidades, a los consejos sociales como nexo de unión entre las empresas y las instituciones universitarias, y a todo el ámbito educativo”.
También manifiesta “su perplejidad ante el vicio en que incurre la propuesta de normativa en origen. Una actividad académica que tiene finalidad formativa no puede ser tratada desde una óptica puramente laboral por el mero hecho de que se desarrolle en régimen de cooperación educativa en centros de trabajo. De este error de partida”, continúa, “nace la novedad más contradictoria de la propuesta: los estudiantes que las realizan, pese a estar protegidos por el Seguro Escolar, han de ser incluidos en el sistema de la Seguridad Social por empresas, instituciones y entidades del tercer sector con las que no mantienen relación laboral alguna”.
El pronunciamiento, además, expresa “la profunda preocupación por las graves consecuencias que pudiera acarrear la actual propuesta normativa para las prácticas externas que realizan los estudiantes, en las que desarrollan habilidades y competencias fundamentales para su formación. La sobrecarga de esfuerzos y de costes que se les imponen a las prácticas curriculares dificultará su gestión por las universidades y las hará poco atractivas para las empresas, instituciones y entidades del tercer sector que se vienen comprometiendo en programas de cooperación educativa”.
Por último, el Comité Ejecutivo de la CCS afirma que “ofrecemos nuestra colaboración para revisar el actual marco normativo de las prácticas externas con el fin de mejorar su funcionalidad como actividad formativa esencial para la preparación de los futuros profesionales. Esta mejora ha de ser consensuada con participación de la comunidad universitaria y los empleadores, estableciéndose los controles necesarios para evitar situaciones fraudulentas, desde luego, pero sin que por ello se tenga que coartar el desarrollo de esta actividad académica; dificultar la cooperación educativa entre universidades y empresas, instituciones y entidades del tercer sector, y lastrar la formación práctica de los estudiantes de cara al futuro”.
Finalmente la cercanía electoral unida a la oposición de todos los actores del ámbito educativo han provocado que la aprobación del texto se posponga a la próxima legislatura.