El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), Antonio Abril Abadín, ha concedido una entrevista a La Voz de Galicia donde ha mostrado su descontento con la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU).
Antonio Abril Abadín (Viveiro, 1957) tiene claro su discurso y sus argumentos. El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades de España y también del Consello Social de la UDC asiste atónito al escaso debate social que provoca la nueva ley universitaria y a lo que supone de retroceso. La gobernanza de estas instituciones, insiste, «ha pasado una importantísima factura a la excelencia de la universidad».
—Es especialmente crítico con el sistema de gobernanza de las universidades, ¿hasta qué punto ha hecho daño a la propia universidad y a la sociedad?
—No soy yo, con el sistema actual de gobernanza universitaria es crítica toda la sociedad, la ciencia, la empresa, y ahora Europa ha impuesto una nueva ley poniendo como condición el good governance, lo que quiere decir que no lo hay. Absolutamente todos decimos lo mismo, que el sistema de gobernanza de la universidad pública española es el principal obstáculo para su mayor excelencia. Esta gobernanza, que estableció la Ley de Reforma Universitaria del año 1983, ha pasado una importantísima factura a la excelencia de la universidad española y a la sociedad española, porque no olvidemos que cuando hablamos de universidades públicas hablamos del principal instrumento de formación del talento, y el talento es el motor más importante del desarrollo económico y social de un país. De ahí viene que tengamos un grave problema de transferencia de resultados de la investigación universitaria, que es mucha y buena, al sector productivo; de ahí viene que lamentablemente permanezca una cierta cultura de fuera empresa de la universidad, ya que todavía hace poco veíamos carteles diciendo fuera empresas de la universidad, algo realmente grave en el 2023. En fin, una serie de consecuencias que afectan al desarrollo económico y social y al bienestar social de todos nosotros. En los últimos 40 años hemos venido funcionando como si universidades públicas y empresas fuesen dos vías de ferrocarril que van en paralelo y nunca se juntan, cuando en realidad el objetivo de las dos es el mismo. Tenemos una asignatura pendiente, aproximar la gobernanza de las universidades a los modelos de éxito europeos.
—Cuarenta años después el sistema de gobernanza sigue siendo muy similar, ¿por qué motivos no hay cambios si es tan evidente que no funciona?
—No es que el proyecto de ley orgánica no introduzca grandes cambios, es que empeora todavía más la situación porque minimiza y ningunea a la representación de la sociedad en la universidad, que somos los consejos sociales. Creo que es peor que una oportunidad perdida. ¿Por qué no se hace lo que pide Europa, lo que pide la OCDE, la ciencia, la empresa, el tercer sector y lo que pide toda la sociedad española? Porque se ha dado prevalencia en la redacción del proyecto de ley a componentes políticos y por otro lado es un proyecto de ley que no ha querido molestar a los estamentos corporativos universitarios que tienen una notable resistencia al cambio. Flaco favor se le hace a la universidad pública y por extensión a toda la sociedad española, pero lo cierto es que toda la sociedad hemos pedido un cambio en el sistema de gobernanza a semejanza de los modelos de éxito europeos, y la resistencia ha venido por parte de los propios estamentos universitarios fundamentalmente. Esa es la triste razón, no tenemos en nuestros representantes políticos la suficiente valentía para hacer un pacto de Estado en materia de educación universitaria.
—En uno de los primeros borradores se habló incluso de que el rector pudiese ser una persona de reconocido prestigio pero ajena a la universidad, ¿permitiría esto una mayor operatividad?
—La gobernanza universitaria es mucho más que la elección del rector. La gobernanza es la gestión de la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes, es lo que permite a una institución sacar partido del talento de sus personas. El primer anteproyecto del ministro Castells introdujo un mínimo cambio en el sistema de la gobernanza al posibilitar que un órgano ad hoc, un órgano fantasma porque se regulaba de una manera etérea, pudiera designar al rector y por tanto por concurso de méritos. La reacción que se originó en los que oponen resistencia con un limitado apoyo de determinadas fuerzas políticas forzó su retirada en el segundo anteproyecto de la ley Castells, lo que marcó una de las páginas más tristes en la evolución de la universidad pública española de la democracia. Lo que nosotros pedimos es evidentemente mucho más, una aproximación a los sistemas europeos de gobernanza que se caracterizan porque existe un solo órgano de gobierno y una participación real y efectiva de personas relevantes externas a la propia universidad pública que puede ser minoritaria, paritaria o mayoritaria. Se designa al rector por concurso de méritos, no por votación de quienes trabajan en la universidad y evidentemente puede provenir de cualquier parte del mundo, ya que es muy triste que en el siglo de la globalización el rector solo pueda provenir de la propia universidad. Esta es una excepción que no honra desde luego a la universidad pública española. También hay una profesionalización de la gestión y sobre todo una capacidad de gestión del talento, es decir, capacidad para tomar decisiones en la captación del profesorado, en la atracción de los alumnos, en el desarrollo de programas de investigación o en la conexión con el sector productivo. Paradójicamente el actual sistema español aísla a la universidad y la aparta de su sociedad.
—¿En qué modelos europeos esa parte social es mayoritaria en los órganos de gobierno?
—En Alemania por ejemplo coexisten todos los modelos en distintos Landers. Cuando se me pregunta qué modelo me gustaría siempre digo que hay tres instituciones en España, la Cámara de Comercio, la Fundación CyD y la Conferencia de Consejos Sociales que hace relativamente poco hemos estudiado las principales reformas hechas en países europeos en temas de gobernanza universitaria. No se trata de copiar ninguno, sino de inspirarse en la experiencia exitosa ajena y extraer el modelo que sea más propio. Concretamente desde la Conferencias hemos propuesto a los grupos parlamentarios, sin ningún éxito, que en España se hiciera ahora lo que fue capaz de hacer Portugal en el año 2007, que aquellas universidades que así lo desearan pudieran optar por ser fundaciones públicas universitarias, con todas las ventajas operativas a las que yo me refería.
—¿Ha habido muchas universidades portuguesas que se han adherido a esta vía?
—Según tengo entendido cinco y sus resultados en los ránkings reflejan una mayor excelencia respecto a las que no se han acogido.
—¿La universidad española no rinde cuentas?
—Tiene un problema. Los consejos sociales somos el órgano al que nos corresponde la supervisión académica y el control económico y presupuestario de las universidades pero en la práctica no es así porque no tenemos la capacidad real para el ejercicio de las competencias teóricas que la ley nos asigna. Por dos razones, primero porque excepto en tres universidades españolas el control interno de la universidad no depende del consejo social, depende del propio rector. No hay segregación de funciones, el rector ordena el gasto, firma la factura, gestiona el ingreso y fiscaliza el gasto y la factura.
—Por así decirlo, no existe la separación de poderes.
—Uno de los componentes del buen gobierno, el equilibrio de poderes, no existe. Y la segunda razón por la que no podemos hacer rendición de cuentas es porque no participamos en la elaboración de la documentación económica, nos viene dada en su redacción final. Esto no es una desconfianza hacia las personas que llevan la gestión económica de las universidades, todo lo contrario, pero como presidente del Consejo Social hago más una labor psicológica de entendimiento y de asunción de la honestidad y el buen hacer de esas personas que lo que sería mi función, el control económico y presupuestario. Esto lo viene pidiendo reiteradamente el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades, y concretamente el Consello de Contas ha publicado informes de fiscalización de las tres universidades gallegas en los que dice clarísimamente que no se cumple la ley porque los consejos sociales a los que la ley atribuye el control económico y presupuestario no lo tienen. Es más, la OCDE nos califica de órganos superficialmente ratificantes porque admite que dadas las capacidades reales que tienen los consejos sociales no pueden ser mucho más que eso. Este informe hace una durísima crítica sobre el actual sistema de gobernanza universitaria cuestionando el poco margen que tiene la sociedad y pide una transformación completa del sistema y que se fortalezca de manera real el papel y la capacidad de los consejos sociales.
—Además de incrementar las competencias de los consejos sociales y su participación en los órganos de gobierno, ¿habría posibilidades de mejora en cuanto a su composición?
—Ahora algunos miembros los designan los gobiernos autonómicos, otros los parlamentos autonómicos y hay otras fuentes de nombramiento que garantizan la participación de sectores sociales sin injerencia política. Esto desaparece con la nueva LOSU porque decreta que todos los miembros, excepto los que son natos, sean designados por los parlamentos, y además hacerlo oída la universidad. Se pierde esa riqueza de representación plural de la sociedad y el riesgo evidente es la politización que ya estamos viendo en otros órganos del Estado.
—¿La oferta de títulos sigue de espaldas al mercado y a la sociedad?
—No quiero que se interprete que solo hago crítica de las universidades públicas porque son muy meritorias. Con un sistema de gobernanza absolutamente inadecuado han conseguido un sistema de educación superior sólido y capaz de dar titulación a una gran parte de la población española en edad universitaria, pero la rigidez inherente del sistema de gobernanza las hace poco flexibles para la ordenación de las titulaciones en función de las demandas del mercado. Esa rigidez hay que compararla con la velocidad de cambio del mundo actual y ahí se produce una brecha entre oferta y demanda. Los egresados universitarios españoles tienen un problema de empleabilidad y de infraempleo, es decir, universitarios que trabajan pero no en un puesto de trabajo correspondiente y paradójicamente las empresas nos dicen que hay un porcentaje importante de puestos de trabajo que no pueden cubrir porque no tienen titulados. Hay un problema de país. La formación profesional entra fuerte y en lo que va de siglo hemos pasado de 180.000 estudiantes a más de 400.000, a lo que hay que sumar que las universidades privadas también están creciendo mucho y si sus alumnos eran un 10% a principios de siglo en grado ahora son más del 20 % y en máster superan el 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que formación profesional y universidades privadas están atacando muy bien el tema de la empleabilidad de los egresados porque tienen mucha conexión con el sector productivo lo que hace que las universidades públicas estén perdiendo cuota de mercado. Han perdido un 14% del alumnado en lo que va de siglo y lo seguirán perdiendo si no se cambia el sistema de gobernanza y se permite más flexibilidad operativa y más capacidad de decisión.
—¿Por qué el debate sobre la nueva ley de universidades está tan fuera del debate social?
—España es un país que no cree en intangibles. Hay un estudio de la Fundación Cotec que dice que somos el decimocuarto país de la UE por inversión en intangibles y entre ellos no creemos en el poder transformador de la educación. El primer objetivo estratégico de la Conferencia de Consejos Sociales es la mejora de la sensibilidad de la sociedad española sobre la importancia de la educación en general y de la universidad en particular, ya que España será en un futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en educación y en universidades ¿Qué hemos hecho para solucionarlo? Nada. ¿Y para agravarlo? El sistema de gobernanza universitaria ha sido demencial, ha aislado a la
universidad.