El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), Antonio Abril Abadín, ha afirmado esta tarde en el Congreso que “la universidad pública necesita un cambio profundo que la LOSU, tal y como está redactada, no permite”. Lo ha hecho en su intervención ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, que está escuchando a actores clave del ámbito universitario en el proceso de tramitación parlamentaria de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
La CCS, que agrupa a los consejos sociales de todas las universidades públicas y a consejos y patronatos de centros privados, ha presentado diez enmiendas al texto aprobado por el Ministerio que dirige Joan Subirats. Como representantes de la sociedad en el ámbito universitario los Consejos Sociales piden cambios en tres ámbitos concretos: el buen gobierno de la institución, el académico y la rendición de cuentas.
En concreto, solicitan introducir la posibilidad de que las universidades públicas que lo deseen, con absoluto respeto de su autonomía, puedan acordar su transformación en universidades de régimen fundacional siguiendo el modelo que se implantó en 2007 en Portugal. Ello permitiría una mayor autonomía operativa acompañada de una adecuada rendición de cuentas.
La CCS también pide situar la dependencia del control interno de la universidad bajo el Consejo Social de cada universidad, lo que haría posible una mejor rendición de cuentas ante el órgano que representa a la sociedad en la universidad, así como mantener la participación vinculante de los Consejos en la oferta e implantación de titulaciones y formación continua o permanente de cada centro.
Durante su intervención, Antonio Abril Abadín ha insistido en que “no podemos perder esta oportunidad para que el buen gobierno llegue por fin a nuestras universidades”. Lo contrario, ha asegurado, sería “alejar aún más a las universidades españolas de los modelos de referencia en el mundo y de lo que debe de ser una educación superior a la altura de los retos del siglo XXI”. Además, ha recordado los sucesivos informes, incluido el último de la OCDE elaborado a petición del propio Gobierno central, que vienen pidiendo un cambio en el modelo de gobierno de la universidad para favorecer la participación y el compromiso de la sociedad. Esta misma semana, un estudio de FEDEA afirmaba que “la universidad pública no necesita más recursos sino mejor gobierno”.
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