La Conferencia de Consejos Sociales pide que el nuevo Ministerio de Universidades convierta la Educación Superior en una prioridad del Gobierno

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La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) considera que la universidad debe constituir una prioridad para el nuevo Gobierno. Para la CCS -que aglutina a los Consejos Sociales de las universidades públicas y a los consejos y patronatos de las universidades privadas- la creación de un Ministerio de Universidades “debe permitir concentrar esfuerzos para trabajar en los urgentes cambios que necesita la educación superior para no seguir alejándose cada vez más de los estándares internacionales”.

Para alcanzar estos objetivos, la Conferencia ha ofrecido por carta su apoyo y colaboración al nuevo ministro de Universidades, Manuel Castells. Su trayectoria profesional y conocimiento de la realidad universitaria “abre una vía de esperanza y optimismo” ante las necesarias reformas de la universidad que los Consejos Sociales, representantes de la sociedad en la universidad pública, vienen reclamando desde hace años.

Tras la decisión de dividir las competencias, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece la creación, en un plazo máximo de tres meses, de un órgano de coordinación entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades. Este órgano, que contará con una participación paritaria de ambos, garantizará el funcionamiento cohesionado de la Administración en materia de investigación universitaria.

Como ha venido reiterando el presidente de la Conferencia, Antonio Abril Abadín, la ausencia de dichas reformas “impacta negativamente de manera directa en la formación de nuestro capital humano, científico y tecnológico, que es nuestra mejor baza para seguir avanzando en crecimiento económico y bienestar social en el mundo digital global y competitivo de nuestro tiempo”.

El nuevo marco legislativo debería favorecer el impulso de la reforma estructural del modelo de gobernanza universitaria, incrementar la financiación pública y privada de las universidades, facilitar la cooperación público-privada y la tercera misión universitaria -la transferencia de los resultados del conocimiento y de la investigación a la sociedad-, mejorar la internacionalización de la institución y favorecer la empleabilidad de los estudiantes.

En su última Asamblea General, la CCS aprobó un comunicado en el que pide a los representantes públicos “que antepongan el interés general a toda confrontación partidaria, pongan a la universidad en el primer plano de las prioridades políticas e impulsen de una vez por todas ese gran pacto de Estado por la educación superior que tanto necesita España para afrontar con ciertas garantías de éxito su inmediato futuro”.

Desde la Conferencia se pide que esta legislatura “dé respuesta a la petición presentada en el Congreso de los Diputados el 26 de septiembre de 2018 por CRUE, Conferencia de Consejos Sociales, Cámara de Comercio de España, organizaciones empresariales y sindicales y representantes de estudiantes para abrir un proceso conducente a la elaboración y aprobación de una nueva ley de universidades que cuente con amplio consenso parlamentario y participación activa de todos los agentes implicados”.

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