La universidad, protagonista en el foro organizado por la Cámara de Comercio

El ministro de Universidades, Joan Subirats, y el presidente de la CCS, Antonio Abril, han sido dos de los participantes en el foro ‘La Universidad, motor de desarrollo económico y…

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Antonio Abril Abadín, reelegido presidente de la Conferencia de Consejos Sociales

Antonio Abril Abadín ha sido reelegido presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS). La candidatura que encabezaba obtuvo el respaldo de la Asamblea General Extraordinaria…

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Discurso del presidente en la Asamblea General Electoral de la CCS

Queridos presidentes y secretarios, empiezo por daros las gracias por vuestra confianza y en especial a quienes han compuesto la mesa electoral por su labor a lo largo de este proceso. Quiero comenzar expresando un compromiso de trabajo y de buen gobierno. El buen gobierno es transparencia, rendición de cuentas, equilibrio de poderes…

Creo que todos los presidentes estamos en los Consejos Sociales, en mayor o menor medida, por compromiso de servicio público y la única retribución que percibimos es la satisfacción personal de hacer país haciendo universidad, que es una de las mejores formas de hacer marca-país. No tiene sentido otra cosa y cualquiera que conozca a la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas se da cuenta de que otro planteamiento no responde a la realidad.

La CCS es una asociación en la que todos queremos estar cómodos y que sea plural, participativa y abierta. Lo tenemos suficientemente complicado con nuestro día a día en defensa de una universidad excelente, tanto de la pública como de la privada. Un compromiso que la práctica totalidad de nosotros combinamos con las obligaciones propias de nuestras actividades profesionales.

Habéis recibido ya el programa electoral, que se parece mucho al programa que en su día presentamos hace 4 años y que ha marcado la línea de actuación del Comité Ejecutivo, tal y como ha puesto de relieve antes el secretario general, al hacer lectura del resumen de la memoria de gestión de la Conferencia.

El primer objetivo estratégico ha sido, y va a seguir siendo, la mejora de la sensibilización de la sociedad española sobre la importancia de la educación en general y de las universidades en particular; es lo que hemos ido repitiendo una y otra vez en nuestras diversas actuaciones: España será en un futuro el resultado de lo que hoy seamos capaces de invertir en educación y en sus universidades. La situación económica y el bienestar social en este país sería otra si pusiéramos todos en práctica ese principio.

Por eso hemos desarrollado una intensa actividad para convencer a todas las instituciones, privadas y públicas, a empresas, al tercer sector, al mundo de la ciencia, incluidos desde luego los estamentos universitarios, de que no da igual tener una universidad pública buena que no buena, bien gobernada que no bien gobernada, bien financiada que no bien financiada. Y por eso, nos ha resultado especialmente frustrante  que se hayan publicado varios anteproyectos de una nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario que, en nuestra opinión, no respondían en absoluto a las exigencias mínimas de buen gobierno que debe cumplir una universidad pública en este siglo XXI, -global, competitivo, tecnológico, sostenible y extraordinariamente cambiante- y que no se haya provocado un debate público a nivel de país sobre el contenido de esa Ley Orgánica y sobre la importancia de la universidad pública.

Yo quiero, desde ahora, reiterar nuestra voluntad de cooperación y de trabajo conjunto con el Gobierno y, en especial, con el Ministerio de Universidades y con el Ministerio de Ciencia e Innovación, con todos los estamentos universitarios, con representantes del personal de administración y servicios, y con los estudiantes. Vamos a intensificar nuestros esfuerzos, en la medida de lo posible, en la medida de lo que seamos razonablemente capaces, para tratar de conseguir que esa nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario español, que necesariamente va a venir antes del segundo trimestre del año 2023, porque Europa lo exige así, sea la que necesitamos para tener una universidad pública meritocrática, competitiva, excelente y comprometida y al servicio de la sociedad a la que se debe y que la financia. Para ello, tienen que reforzarse las competencias de los Consejos Sociales porque es la única vía para mejorar la participación de la sociedad en la universidad.

Le hemos dado mucha importancia, y se la vamos a seguir dando, al tema de la mejora de la colaboración entre universidad y empresa, la tercera misión universitaria, que está en la genética, en la esencia y en la razón de ser de los Consejos Sociales. Es la asignatura pendiente que tenemos en la sociedad española, que la mucha y buena investigación que hacen los centros públicos de investigación en general y las universidades en particular, se traslade al sector productivo, se convierta en desarrollo económico y social, en puestos de trabajo y, en definitiva, en bienestar social. En esto hay que reconocer que, a nivel de sensibilidad social, hemos mejorado mucho. Hoy es difícil encontrar un rector o un representante político, que no apueste por la colaboración entre universidad y empresa. Pero eso son las palabras. Hay todavía mucho camino que recorrer y mucho que mejorar para que universidades públicas y empresas hablen el mismo lenguaje y, por consiguiente, puedan de verdad aunar fuerzas y esfuerzos y ser capaces de crear sinergias entre todos, convirtiéndose así las universidades en esos verdaderos motores del desarrollo económico y social que necesitamos.

Hemos trabajado mucho y hemos apoyado el proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del año 2011, tanto con anteriores equipos como con el equipo actual de la Ministra Diana Morant.

Como sabéis, el proyecto de Ley se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado día 18. Nos parecen muy bien esos dos grandes objetivos que persigue: el primero dotar de estabilidad y garantías a la carrera investigadora y el segundo, favorecer la transferencia de los resultados de la investigación del sector público al tejido productivo. Aplaudimos, y trabajamos en ello, la regulación de los sexenios de transferencia en noviembre del año 2018. Todos respondemos a un sistema de incentivos. La universidad española publicaba científicamente mucho porque el sistema de incentivos lo procuraba. Nosotros apoyamos que también la transferencia y la colaboración con el sector productivo sirviera como incentivo para la promoción y la retribución en la universidad, es decir, los denominados sexenios de transferencia y el proyecto de ley así lo recoge. Yo creo que nosotros tuvimos mucho que ver en ello.

Nos preocupa muchísimo, y cada vez más, el problema de la empleabilidad de nuestros egresados. Es evidente, como demuestra el trabajo que hicimos conjuntamente la Conferencia, CRUE e IVIE, Instituto Valenciano de Investigación Económica, que un título universitario favorece la empleabilidad y la promoción social, tiene muchas ventajas. Pero no podemos dejar de ver también, la parte medio vacía del vaso, y es que, tenemos un porcentaje de paro en los egresados universitarios por encima del 9%, más del doble de la media de la Unión Europea. Y lo que es casi peor, tenemos un porcentaje de infraempleo, es decir, de egresados universitarios que están en puestos de trabajo que no se corresponden con su título universitario, del orden del 35%, el más alto de toda la Unión Europea superando mucho su media que está en el entorno del 22-23%.

Además, sufrimos un serio problema de brecha entre oferta y demanda laboral, lo que supone un reto: acercar las titulaciones universitarias a las necesidades del sector productivo. No porque entendamos que las universidades sean fábricas de egresados al servicio de las necesidades de las empresas, como se ha llegado a decir, ni porque no reconozcamos que las universidades tienen un objetivo mucho más amplio que la formación de técnicos, en la medida que forman a los estudiantes como personas  con unas capacidades y competencias transversales absolutamente necesarias en todos los ordenes de la actividad económica y social, sino porque tenemos que dar empleo digno y cualificado a esos casi 200.000 egresados que volcamos al mercado laboral cada año y en los que estamos generando un sentimiento de frustración y una sensación de impotencia que no podemos admitir.

Tenemos además un problema específico, en cuya solución estamos trabajando también, que es la brecha en las titulaciones STEM. Solo el 32% de los estudiantes universitarios españoles lo son en titulaciones vinculadas con las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas. Sin embargo, todos pensamos que son las que van a generar más empleabilidad y van a aportar más al desarrollo económico y social del país. Es un problema que existe en toda Europa pero que nosotros, como es habitual, tenemos agravado.

A lo anterior hay que añadir que en las disciplinas STEM tenemos una brecha de género muy importante, porque si las mujeres representan en la universidad española ya el 59% de las matrículas, en las disciplinas STEM ese porcentaje es mucho más bajo. Las mujeres solo son mayoría en las biotecnologías, solo crecen en la nanotecnología. En todas las demás titulaciones técnicas y científicas siguen una línea descendente hasta estar a punto de perder los dos dígitos en el porcentaje en titulaciones como la informática o la ingeniería marina. Esto supone una pérdida de oportunidades, una pérdida de aportación de valor que debemos recuperar a través de un cambio en una serie de estereotipos y de expectativas sociales. El secretario general se ha referido anteriormente al Programa RADIA que desarrollamos con la Fundación ONCE y con la CEOE que trabaja para reducir esta brecha.

También en la internacionalización de las universidades públicas tenemos que mejorar mucho; tanto en PDIs como en alumnos en régimen de matrícula ordinaria, como en titulaciones bilingües estamos muy por debajo de las medias de la OCDE y de la Unión Europea. En este tema nos encontramos ahora mismo desarrollando un trabajo conjunto con la Fundación CYD y con la Cámara de Comercio de España para mejorar la internacionalización de la universidad española. Estamos haciendo un análisis de la situación, una comparación de las universidades españolas, especialmente las públicas, con sus comparables europeas y elaborando una serie de propuestas de mejora y de sugerencias, tanto en aspectos normativos como en sensibilización social, para superar esta situación.

Y finalmente, está el tema de la gobernanza. Yo creo que ha habido recientemente algo que nos tiene que motivar y que constituye una novedad muy importante. La gobernanza es un tema que los Consejos Sociales consideramos prioritario, porque es, nada menos, que el arte de sacar partido del talento de las personas. Muchos presidentes venimos de experiencias de gestión, algunos habéis sido o sois gestores de empresas, otros hemos sido espectadores privilegiados y humildes protagonistas de lo que es capaz de hacer una buena gestión del talento de las personas. La capacidad de atraer talento, de retenerlo y de gestionarlo de manera meritocrática es clave para la competitividad y para la innovación y, por lo tanto, para la excelencia de una institución.

En este sentido, el 29 de noviembre pasado se presentó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un trabajo desarrollado por la OCDE titulado ‘Hoja de Ruta para la mejora de la transferencia y de la cooperación entre ciencia pública, universidades y empresas’. Es un trabajo que tiene detrás una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Es el propio Gobierno español, a través de sus Ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades el que pide a la Dirección General de Reformas Estructurales de la Unión Europea un informe para mejorar la transferencia y la cooperación entre ciencia pública, universidades y empresas. La UE, en un proceso competitivo, lo aprueba y lo encarga a la OCDE. Se desarrolló desde septiembre de 2020 hasta noviembre de 2021, es decir, a lo largo de más de un año, con numerosos grupos de trabajo, talleres, ponencias, estudios y documentos y con la participación de más de 90 personas e instituciones.

Es, por tanto, un documento que tiene dos características fundamentales: lo pide el propio Gobierno de España y está hecho por técnicos independientes, competentes y con experiencia contrastada y comparada de todos los países de la OCDE.

Os voy a leer, literalmente, no voy a poner ni quitar una coma, algunas de las conclusiones de este trabajo en la parte en la que se refiere a los Consejos Sociales y a la gobernanza de las universidades españolas. Dice lo siguiente: “la gobernanza de las universidades deja hoy en día poco margen a la sociedad para participar en la definición de sus misiones…  deberían emularse las reformas recientes abordadas en países europeos que han dado voz de manera efectiva a actores externos en la planificación estratégica de la universidad, incrementando sus niveles de autonomía institucional y la rendición de cuentas… Llevar una reforma en esta dirección implica redefinir el modelo de gobierno de dos maneras: transformando completamente el actual sistema para dar voz de manera efectiva a representantes de los intereses sociales externos en la universidad en el diseño de la estrategia universitaria y fortalecer de manera real el papel y las capacidades de los Consejos Sociales para garantizar que cuenten con suficientes recursos de autonomía para cumplir las funciones que tienen adquiridas, los Consejos Sociales deberían tener más poder y garantizadas sus competencias específicas”. No se puede decir más claro y con más autoridad.

Luego, la Hoja de Ruta de la OCDE añade lo siguiente: “El carácter único del sistema de participación y representación en el modelo de gobernanza universitario en España sitúa a la universidad española en una situación de desventaja para responder a los retos sociales y económicos actuales. Ralentiza la adopción de nuevos modelos de gestión y lo expone de manera significativa a la politización. Todo ello da como resultado un nivel reseñable de inercia estructural”.

Además, entra a temas concretos como es el del procedimiento de la elección del rector, que es solo la punta del iceberg del grave problema de gobernanza que tiene la universidad pública española. Tenemos algunos magníficos rectores, pero es evidente que, como dejó escrito Rolf Tarrach, un gran experto en la universidad española y europea, en el último informe de CYD sobre la “Aportación de las universidades al desarrollo en España” no se puede confiar a la casualidad que existan buenos rectores, tiene que haber un sistema que garantice con criterios de mérito que el rector designado sea el mejor entre los posibles, entre otras cosas por su capacidad de gestión. Dice la Hoja de Ruta: “los rectores en España solo pueden ser elegidos de entre catedráticos con un puesto fijo en la misma universidad, eliminar dicha condición permitiría atraer talento externo que combinara tanto credenciales académicas como de gestión a nivel tanto nacional como internacional o elegir a otros miembros del mismo centro asegurando, en todo caso, un proceso de selección basado en el mérito y en la demostración de competencias clave de gestión”.

Yo creo que no se pueden decir las cosas con más autoridad, con más criterio y con más independencia. Como podemos ver la OCDE coincide exactamente con el mensaje que estamos dando los Consejos Sociales a la sociedad española y, en concreto, al Gobierno y al Ministerio de Universidades.

Quiero dejar aquí constancia de que la Conferencia de Consejos Sociales ha insistido mucho durante estos cuatro años en desplegar interrelaciones con otras instituciones públicas y privadas, con la ciencia, con la empresa, con el tercer sector, con toda la sociedad española, y lo que hemos visto en este tiempo es que lo que nosotros le pedimos a la universidad pública española lo comparten todos ellos. La Cámara de Comercio de España, la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que como sabéis es la que representa el compromiso de la gran empresa española con la tercera misión universitaria, la Fundación Gadea por la Ciencia y la Empresa, de la que formo parte de su patronato, CEOE, CEPYME…

En concreto COSCE, que es la Confederación de Sociedades Científicas de España, dice en su informe “COSCE DECIDE sobre la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación 2021-2027” lo siguiente: “Nada se dice en la estrategia de los modelos de organización y gestión de las universidades y centros de investigación, instituciones tan importantes para lograr una investigación de frontera y que arrastran estructuras y comportamientos vetustos que les impiden afrontar situaciones como las que vivimos en estos momentos. A medio plazo, es imprescindible abordar la reforma de la gobernanza de los organismos públicos de investigación, universidades y centros públicos con una clara definición de sus stakeholders, patronatos ejecutivos y responsables y control eficaz ex post de los resultados. La importancia de las universidades en el desarrollo de la actividad científica y tecnológica de nuestro país refiere que una parte de la financiación de dichas instituciones esté ligada a los resultados de una evaluación seria y rigurosa de su entidad investigadora y de la utilización del conocimiento científico y tecnológico realizado para resolver los problemas económicos y sociales de este país. Tanto en las universidades como en los otros centros públicos de investigación sería aconsejable establecer medidas diferenciadoras que mantuvieran vinculados al sistema a aquellos investigadores más activos y a la vez propiciaran la salida de los más ineficientes. Estas medidas diferenciadoras solamente serán posibles si se llevan a cabo cambios que mejoren el actual modelo de gobernanza”.

Es decir, ciencia, investigación, empresas, por supuesto, los Consejos Sociales y, ahora, Europa y la OCDE coinciden en el mensaje. También Europa, que pone como condición para los fondos Next Generation, entre otras, una nueva Ley Orgánica Universitaria que esté lista antes del segundo trimestre del 2023. Si veis las condiciones que le pone Europa a esa nueva Ley Orgánica Universitaria veréis que la primera es good governance, buen gobierno y todas las demás giran sobre la conexión entre la universidad y el sector productivo y la participación de la sociedad, y en concreto de las empresas, en la gobernanza de las universidades.

Es decir, ahora mismo podemos decir y  no me hubiera atrevido a decirlo hace cuatro años, que empresas, entidades del tercer sector relacionadas con la universidad, toda la ciencia, la investigación, por supuesto también la Alianza SOMMA de centros de excelencia María de Maeztu y Severo Ochoa, Europa y la OCDE, están absolutamente en la misma línea. Todos abogamos por ese cambio en la gobernanza, en el sistema de gestión, gobierno, transparencia y rendición de cuentas y por el incremento de la participación de la sociedad, a través de sus Consejos Sociales, en la gobernanza de la universidad.

Queda convencer a los estamentos universitarios y queda convencer al Ministerio de Universidades. Vamos a seguir trabajando en ese objetivo que es, como dice la Hoja de Ruta de la OCDE, “la necesidad de rediseñar el sistema de gobernanza universitario para aumentar su compromiso con la sociedad y promover la colaboración con el sector empresarial”. Este es el objetivo y si la nueva ley orgánica quiere ser la ley que la universidad pública española del siglo XXI necesita, tendrá que ir en esa dirección.

No puedo aquí dejar de recordar, como hago siempre, la comparecencia de esta Conferencia de Consejos Sociales, en unión de CRUE Universidades Españolas, de la Cámara de Comercio de España, de la CEOE, de CEPYME, de todos los sindicatos, de los estudiantes, de los exestudiantes, en el Congreso de los Diputados el 26 de septiembre de 2018, para pedir a nuestros representantes políticos situar a la universidad española como una prioridad estratégica de su acción y promover una nueva Ley Orgánica Universitaria que cuente con el consenso político y social plasmado en un gran Pacto de Estado. Esta es también la línea de actuación que va a seguir la Conferencia de Consejos Sociales. Vamos a seguir buscando ese gran Pacto de Estado que necesita la universidad española, que se haga una Ley Orgánica Universitaria moderna que responda a las características que tiene que tener una universidad pública en este siglo XXI, que cuente, evidentemente, con la sociedad, con las empresas, por tanto, que cuente con los Consejos Sociales.

Quiero terminar con dos temas sobre el funcionamiento de los Consejos Sociales siendo autocrítico y probablemente un poco fuerte en el discurso. De estos dos temas el primero es el mantra del mal funcionamiento de los Consejos Sociales. En la misma medida en que la CCS ha intensificado su protagonismo público a lo largo de estos últimos años, la Comisión Ejecutiva, el secretario general y yo mismo, hemos percibido una creciente queja por parte de algunos interlocutores universitarios sobre el mal funcionamiento de los Consejos Sociales. Quiero que de esto seamos conscientes todos y saquemos conclusiones claras. Es evidente que los Consejos Sociales parecen no estar regulados y pensados para que funcionen, sino más bien todo lo contrario. Siempre hemos dicho que tenemos más competencias teóricas que capacidades reales. Pero es evidente que, al margen del magnifico trabajo que hacéis los secretarios, los Consejos Sociales, tal y como están configurados, funcionan cuando funciona el presidente. Hay presidentes que no ponen de su parte una participación y asistencia frecuente y recurrente a sus Consejos Sociales. Tiene que estar muy claro que no basta con acudir a los Consejos Sociales solo cuatro o cinco veces al año a ratificar los documentos que vienen dados por el Consejo de Gobierno de la universidad. Por el contrario, los presidentes de los Consejos Sociales tenemos que asistir con frecuencia y con intensidad, tenemos que pisar los Consejos Sociales, tenemos que hacer un trabajo activo y recurrente en los Consejos Sociales para que se puedan cumplir nuestras funciones. Yo sé que la mayoría lo hacéis. Lo que no puede suceder es que cuando los miembros del Comité Ejecutivo o cualquiera de nosotros nos reunamos con el ministro, con el Secretario General, con los rectores o con autoridades de las comunidades autónomas, se nos pueda decir que “es que los Consejos Sociales no funcionáis bien o no cumplís las funciones o es que el presidente nunca va por el consejo social”. Hay que hacer una llamada a la responsabilidad de quienes nombran y de quienes aceptan y por supuesto no es solo un tema de presidentes. Sabemos de la existencia de Consejos Sociales pendientes del nombramiento de presidente durante más de dos años. No puede ser y haremos lo que esté en nuestra mano desde luego para que ese tipo de casos se solucione.

Recurrentemente hemos pedido, y vamos a seguir haciéndolo, el control interno de las universidades, que la intervención dependa de los Consejos Sociales como ya pasa en cuatro universidades públicas españolas. Tenemos por ley el control económico y presupuestario y del rendimiento de los servicios de las universidades. El Tribunal de Cuentas ha dicho reiteradamente que no puede haber transparencia y rendición de cuentas, y por tanto no hay una verdadera transparencia en las universidades, si los Consejos Sociales, además de aprobar o no esos documentos, no participamos en su elaboración y tenemos el control de su intervención.

El Consello de Cuentas de Galicia, en su reciente informe sobre la fiscalización de las universidades gallegas dice lo siguiente: “La participación del consejo social en los presupuestos únicamente tiene lugar al final mediante la aprobación de un proyecto cerrado sin que desarrolle un papel activo en la fijación de los criterios generales de elaboración y en general en el proceso presupuestario. La configuración orgánica funcional del servicio de intervención dentro de la gerencia no garantiza la necesaria independencia respecto de las distintas unidades gestoras de gastos e ingresos y no se corresponde con lo previsto en la normativa que persigue garantizar esa independencia y atribuye a los Consejos Sociales la supervisión de los ingresos y gastos”.

De manera que, cuando Europa le pide a la nueva Ley Orgánica Universitaria que la universidad pública española tenga good governance, está muy claro que eso comprende la transparencia y la rendición de cuentas y requiere el control de la intervención, el control interno de la universidad por parte de los Consejos Sociales, y así lo haremos valer ante Europa.

El segundo tema que quiero mencionar es que veo que autoridades académicas, autoridades y representantes políticos, aunque nos dan la razón, nos dicen dos cosas. Primero, “eso no es posible en España, es como debiera ser, pero no es posible en nuestro país”. Segundo, “el problema es que no tenéis capacidad de presión y sí tienen mucha capacidad de presión los que se oponen a lo que vosotros pedís” que, fundamentalmente, son los estamentos universitarios. Lo de “tenéis razón, pero en España no se puede hacer”, es un argumento muy fácil de rebatir porque si el modelo existe en las universidades de éxito europeas y del mundo, también tiene que existir en España y si no se lleva a cabo es un problema de la responsabilidad de todos o, mejor dicho, de nuestra falta de responsabilidad. El tema de la capacidad de presión es un tema que se nos hace saber de manera absolutamente recurrente también. Lo que pongo encima de la mesa es el compromiso de este Comité Ejecutivo para aumentar esa presión, que en realidad es la sensibilización social sobre la importancia del buen gobierno y de la excelencia universitaria a la que ya me referí antes, en la medida de lo posible. Para ello, vamos a desarrollar un programa de reuniones con policy makers y con todos aquellos que nos quieran recibir y escuchar.

Por eso, lo que os pido a los presidentes y a los secretarios de los Consejos Sociales es que incrementéis la proactividad, que hagáis esa labor, vamos a llamar de “presión”, de interrelación con policy makers de vuestra área de influencia, que lleguéis a quienes podáis llegar para hacer valer los mensajes de la Conferencia, en el convencimiento de que es evidente que son los mensajes que le convienen a la universidad pública española. Os pido por favor proactividad, que no os limitéis al cumplimiento, mejor o peor, seguro que bien, de las funciones propias del consejo social, si no que hagáis esa labor de intermediación, de comunicación social, para que los Consejos Sociales seamos más conocidos y para que nuestros mensajes lleguen a quienes tienen que llegar, que al final son los que hacen las leyes y los que, en definitiva, definen el futuro de la universidad española.

Termino ya dejando constancia una vez más de mi (más…)

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